El equipo de abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud impulsa seis investigaciones por homicidios en el marco de la violencia institucional y corrupción policial, y hablan de una "práctica sistemática de la policía hacia jóvenes de los sectores populares", que se suma al "abandono y desprotección estatal". También revelaron a este diario que llegan a atender hasta tres casos mensuales de niños y adolescentes detenidos de manera ilegal en comisarías barriales. "Son solo los casos que nos llegan a nosotros desde los lugares donde tenemos dispositivos y gente que nos avisa", aclaran. "Los niños no pueden pisar ni un solo minuto una seccional policial", enfatizan. Guillermo Campana, Analía Abreu, Nicolás Vallet y Salvador Vera reclaman el fin de las detenciones ilegales y buscan acompañar a las familias de los pibes muertos a manos policiales en el intrincado recorrido judicial, que se convierte en una carrera de obstáculos: demoras en las audiencias para constituirse como querellantes y el trabajo de revertir la versión policial en la Fiscalía, son algunas de las situaciones con las que deben lidiar.

El primero de los casos que tomó la Asamblea fue el de la muerte de Franco Casco, el joven hallado sin vida en el río Paraná, luego de haber estado detenido en la comisaría 7ª. La ciudad se conmovió. "Nosotros intervenimos en casos en los que hay jóvenes como víctimas de la violencia estatal. Es una decisión política de la Asamblea. En las causas que no nos llegan, muchas veces la investigación queda en manos de la Fiscalía, que decide si impulsarla o no. De la poca experiencia que tenemos, por ejemplo en el caso de la muerte de Alejandro Ponce ‑también muerto en el río Paraná‑ no se impulsó nada y nos quisieron demorar casi dos meses la constitución de querellantes; después de que el fiscal le dijo a la madre que iba a cerrar la causa. Eso tiene que ver con una intencionalidad", señaló Campana.

Campana sumó: "Creemos que en estas causas hay un importante contenido político y eso debe estar puesto en valor, tiene que atravesar el caso, porque no son cuestiones aisladas, sino que tienen que ver con una práctica sistemática de la policía hacia determinados sectores, que son jóvenes de barrios humildes".

Al tomar estas causas los abogados le dan "un abordaje con perspectiva de derechos humanos, que permite tener una mirada más allá de la práctica jurídica penal concreta, que históricamente estuvo muy asociada a la fuerza policial, el armado y arreglo de causas: el cómo los hechos son presentados al Poder Judicial", aseguraron.

En ese sentido, cuestionaron la mirada que "parece ingenua, pero termina siendo cómplice, que es la de la Fiscalía cuando asume la versión policial de los hechos, incluso cuando la policía está involucrada".

Esa situación fue puesta de manifiesto en el caso de Casco: "Nos hizo perder mucha prueba el hecho de que la policía dijera que lo detuvo el 7, cuando en realidad fue el 6 de octubre de 2014. Nos llevó a pedir cámaras de otro día, cuando las imágenes son borradas. Hubo todo un entorpecimiento. Es gravísimo y nos resta mucho en la búsqueda de la verdad", dijo Vallet.

La Asamblea tiene puntos de trabajo en diferentes barrios de la ciudad, desde donde normalmente les llegan los casos. El acompañamiento judicial es uno más de los que lleva adelante. "Esto deja al descubierto todo un estado de situación a nivel provincial que tiene que ver con la ausencia de un programa real de asistencia a las víctimas de este tipo de hechos que son flagrantes violaciones a los derechos humanos y que generan una responsabilidad internacional", expresó Vera. "La lógica es no asumir la responsabilidad que se tiene como Estado", se quejó Campana.

Para los abogados, la problemática es clara: "Hay un estado de situación, presentado por la fuerza policial, asumido por el Ministerio Público de la Acusación, por una parte; y la necesidad de quebrar esa intervención, a partir de las querellas. Debe posibilitarse el acceso real a la Justicia, porque sino eso queda delegado a organismos que no cobran, como nuestro equipo".

Ante ello, Abreu refirió que lo que busca el nuevo sistema penal es "hacernos creer que es un cambio". Vera sumó: "Se decía que el parte preventivo (de la policía) dejaría de tener la relevancia que tenía, pero al menos en los casos que nosotros seguimos eso no pasa". Y criticaron: "Hay muchos más fiscales que en el viejo sistema y se cerró una cantidad superior de juicio abreviados a los del anterior sistema".

Según dijeron, hubo un "incremento del accionar del aparato punitivo del Estado; el despliegue de las fuerzas de seguridad, el avance de Gendarmería, Prefectura y fuerzas represivas; como así también un aumento de la población carcelaria. Es un proceso que se inició en los '90 y no se detuvo", lamentaron.

Además, "sigue habiendo un número importante de detenciones ilegales, que no se registran; y si el pibe detenido tiene antecedentes se lo puede extorsionar".

Vera fue claro: "Los niños no pueden estar ni un minuto en una seccional policial". Según dijeron, hay una reiteración de esos casos, que "llegan a ser tres por mes". "Cuando nos enteramos, los pibes ya pasaron 8, 10 o 12 horas detenidos".

 

Los casos

• Franco Casco: desapareció el 6 de octubre de 2014 y fue hallado tres semanas después flotando en el río Paraná. Según se desprende de la investigación, durante el primer día estuvo detenido en la comisaría 7ª, si motivo suficiente.
• Carlos Godoy: falleció el 24 de mayo producto de un violento accionar desplegado por las fuerzas provinciales en las cercanías de Gardón y el puente Sorrento, según denunciaron sus familiares.
• Jonatan Herrera: fue asesinado el domingo 4 de enero de 2015, cuando lavaba su auto. Una persecución a cargo del Comando Radioeléctrico irrumpió en la cuadra de Seguí y Ayacucho.
• Gerardo Escobar: estuvo desaparecido desde el 14 de agosto de 2015, tras haber ido a bailar al boliche La Tienda y ser golpeado por personal de seguridad a la salida del mismo. Una semana después su cuerpo fue hallado flotando en el río Paraná. Los abogados creen que estuvo detenido en la comisaría 3º, donde habría sido golpeado.
• Alejandro Ponce: también tuvo las aguas del Paraná como final: el 2 de noviembre de 2015, el apodado Kikí y su hermano Luis fueron corridos en la barranca de la zona de los silos Davis, acusados de un robo. La familia asegura que los dos estaban pescando y sospecha que el personal policial los "obligó a tirarse" al agua, y que, después de que Luis saliera, "dejaron morir a Alejandro". Tenía 23 años.
• Brandon Cardozo: tenía apenas 16 años, cuando el 1º de enero pasado recibió un tiro por parte de Emiliano Martín G., un policía de 26 años, que está imputado por "homicidio agravado por el uso de arma fuego y por su función de policía", con servicio en la División Motorizada. El adolescente fue víctima del agresor que sacó una arma en una fiesta callejera por Año Nuevo, en Entre Ríos y Centenario.