En Rosario la policía santafesina utiliza a la tortura como una práctica frecuente, con distintas características y particularidades. Así lo establece el último informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, titulado "Registro provincial de casos de torturas, tratos crueles, degradantes, abuso policial, malas prácticas y demás afectaciones a los derechos humanos". Los resultados de dicho estudio alarman: desde enero a diciembre de 2015 se tuvo conocimiento de al menos 323 hechos de torturas físicas y psicológicas en la ciudad. En los últimos días hubo un caso de tortura con picana eléctrica en la Comisaría 19 y así se pone nuevamente en debate el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad. La misma seccional fue escenario de otro brutal hecho: entre siete policías esposaron con las manos atrás a un detenido, le pegaron y lo obligaron a desnudarse. Uno de ellos lo orinó en la cara y e intentó abusarlo sexualmente, pero sus pares lo impidieron. Organizaciones sociales y de derechos humanos cuestionan el entramado político y judicial que obstaculiza el acceso a la justicia por parte de las víctimas de este tipo de prácticas.

El último hecho cronológico que maneja el SPPDP relata un episodio ocurrido a fines de febrero. Cuatro jóvenes caminaban de noche por las calles de su barrio en zona oeste cuando fueron detenidos por personal policial de la Comisaría 19. Una vez en dicha seccional fueron sometidos a distintos tipos de agresiones físicas. Entre golpes e insultos se llegó a la picana eléctrica. "Uno de ellos padece una grave enfermedad por la cual necesita medicación constante y en ningún momento fue provista porque a cambio le exigían a su madre una suma de miles de pesos para aplicársela al joven", agregan desde la Defensoría. Además, entre los cuatro detenidos había una menor de edad que estuvo alojada en el mismo lugar y en las mismas condiciones.

"Nos vienen llegando de manera repetida denuncias sobre la 19 en donde se utilizan mecanismos de tortura con picana eléctrica", cuenta Facundo Peralta, referente de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, agrupación que llevó este caso al SPPDP. "Es de gravedad total lo que sucede, está tapado para la opinión pública y es necesario advertir a la sociedad de las prácticas que lleva a cabo la policía en las comisarías", explica Peralta. La Comisaría 19, ubicada en Seguí al 5300, fue blanco de duras críticas en octubre pasado cuando su jefe, el comisario inspector Carlos Schmidt, fue detenido en el marco de una causa vinculada al narcotráfico. Por estos días la mira apunta al nuevo personal y las víctimas del episodio relatado reconocen a su agresor. "No es un policía, es toda la institución", dice Peralta repitiendo lo que formula como una certeza: la conducta delictiva de la policía santafesina trasciende los nombres propios.

El informe del SPPDP sobre los casos de torturas en la Circunscripción 2, que comprende a Rosario, detectó 323 casos de agresiones entre torturas físicas y psicológicas. Las denuncias muestran una amplia variedad de modalidades, de las cuales prevalecen las golpizas y golpes con 263 casos. Además hay 12 denuncias de disparos con balas de goma, 7 casos de aplicación de picana eléctrica y 5 de asfixia con submarino seco. También hay casos de abuso sexual, quemaduras, cortes, gas pimienta, entre otros tipos de abusos.

El registro indica que la mayoría de estos hechos se consuman durante la detención, siendo las golpizas más frecuentes en la vía pública, y las torturas, como por ejemplo mediante la picana, en las comisarías. Los agresores son principalmente el personal de las comisarías, sobre los cuales recaen 169 acusaciones de distintos tipos de abusos. Escolta el Comando Radioeléctrico con 125 casos. Volviendo sobre la aplicación de picana eléctrica, llama la atención que haya denuncias de este tipo sobre cuatro fuerzas distintas: el personal de las comisarías, el Comando, el personal de traslado, y la Gendarmería como fuerza federal.

En este material se da a conocer otro caso ocurrido en la Comisaría 19, que se destaca por presentar múltiples tipos de prácticas ilegales. "En la 19 me metieron en un cuartito en el fondo de la seccional, ahí me esposaron con las manos atrás", dice el relato de la víctima que continúa explicando que al menos siete policías le pegaron y lo obligaron a desnudarse. "El mismo policía que me llevó comenzó a orinarme en la cara y parte del cuerpo", continúa el testimonio que además especifica que intentaron abusarlo sexualmente pero otro policía alcanzó a evitarlo.

"La tasa de avance de las denuncias formalizadas por episodios de torturas, es prácticamente cero. No hay voluntad persecutoria de parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre estos delitos", agrega el defensor. El Informe de Gestión Nº 4 presentando por la Fiscalía Regional de la 2ª Circunscripción aporta datos sobre el trabajo realizado en esta materia durante el año 2015. En el mes de mayo se creó la Oficina de Corrupción y de Violencia Institucional dentro de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 3, para investigar denuncias relacionadas no sólo a apremios ilegales sino también a delitos económicos, amenazas, fraudes a la administración pública y otros tipos de delitos en los que pueda estar involucrado personal policial. Desde mayo a octubre de 2015 se registraron 1021 casos de diferentes tipos, de los cuales uno se resolvió con un acuerdo abreviado, cinco con mediaciones, 110 casos fueron archivados y desestimados y 29 imputativas fueron recibidas en Fiscalía. "Más allá de que se observa que en el escaso tiempo de trabajo la fiscal y los dos empleados asignados han desplegado numerosas investigaciones y algunos resultados, la carencia de recursos humanos, tanto empleados como fiscales, es por el momento un obstáculo que se espera progresivamente ir paliando", se sincera el informe presentado sobre finales del 2015.

Las torturas que ejecuta la policía transcurren bajo un manto en el cual, entre el miedo de las víctimas y los obstáculos judiciales, quedan aisladas y muchas veces sin cauce. Tanto para el SPPDP como para la Asamblea de la Niñez, esta situación no es casual. "No hay una política criminal clara de parte del MPA de perseguir y sancionar la tortura. No se hacen denuncias porque los fiscales no reprimen la tortura, y la víctima no va a denunciar algo por lo cual la policía va a quedar impune y a tomar represalia", explica Gabriel Ganón, defensor general de la provincia. Sobre este último aspecto específicamente, relacionado al temor a las represalias, adhiere Peralta. "Es difícil para las familias denunciar porque automáticamente después viene la respuesta hacia los jóvenes que andan en el barrio. Hay pibes que entran a una comisaría por la presunción de un delito, están algunas horas, son torturados por algún miembro de la comisaría y al día siguiente sale y lo vuelve a ver al tipo que lo estuvo picaneando. Pasan por la puerta de la casa, conocen a la familia, saben nombres, saben apodos", agrega.

Pero también cabe preguntarse qué rol ocupa el resto de la sociedad ante este panorama. "La tortura ocurre no sólo porque la administración de la justicia la convalida, sino porque socialmente se instala y se reproduce el discurso que acepta este tipo de acto", dice Ganón. La falta de acceso a la justicia por parte de la mayoría de las víctimas de este tipo de casos, conlleva la naturalización de estas prácticas. No hay denuncia formal, no hay proceso judicial de por medio, tampoco difusión de los hechos y por ende, como resultado, la desinformación afecta al resto de la sociedad civil.

Para Peralta, el rol de las organizaciones sociales en este contexto es fundamental. "Es necesario activar, desde la sociedad civil y el Estado, los mecanismos necesarios para que las familias puedan denunciar esto sin quedar expuestas a maltratos posteriores", analiza. Y agrega: "Somos las organizaciones de los barrios las que nos tenemos que poner al frente para visibilizar esto y cubrir a las familias para que no queden expuestas". En este aspecto, la crítica apunta a la responsabilidad estatal por permitir "una práctica institucional que está direccionada a infligir daño y tortura hacia un determinado blanco que son los jóvenes de los sectores populares".

Siguiendo esta línea, Peralta contextualiza las denuncias que llegan a la Asamblea de Niñez como indicadores de "una práctica sistemática". La preocupación crece cuando además de las torturas, las amenazas de muerte por parte de la policía invaden la cotidianidad de los pibes. Ante esto, transmite hacia las autoridades provinciales la inquietud de la organización: "El Estado acciona una vez que las cosas pasan. Ahora alertamos y hacemos responsables al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y al gobernador Miguel Lifschitz".