Un profuso entramado de organizaciones políticas y sociales, sindicatos y cooperativas, nutrió ayer la asamblea pública del Centro Cultural La Toma, convocada para plantar la resistencia a la pretensión de desalojar ese espacio para engrosar la quiebra del ex supermercado Tigre, que acecha en el juicio que aún persiste. Si la citación judicial enviada a "los ocupantes" del inmueble de Tucumán 1349 buscó intimidarlos, el resultado fue inverso: sus hacedores reavivaron el fuego de lucha con que generaron el espacio en 2001 y lo sostienen desde entonces con una multiplicidad de actividades. Resolvieron reafirmar la presencia de organizaciones populares y sus rutinas en el edificio, hacerlo visible el 22 -el día de la citación judicial- con un acto público, e invitar al juez a cargo -hoy, Marcelo Quaglia, de Civil y Comercial número 14- a que concurra a La Toma a conocer lo que allí se hace desde hace 14 años, "mientras unos vivos especularon con la evolución de la quiebra, que venga a hacer un inventario social", exhortó Carlos Ghioldi, presidente de la cooperativa Trabajadores en Lucha, la organización madre del centro cultural.

Lo que se proponen es establecer "una salida política definitiva" ante la ofensiva litigante que representa en Tribunales la sindicatura de la quiebra, bancos de la masa de acreedores y el estudio jurídico Romera, Ongay & Asociados, que ha demandado incluso por 9,5 millones de pesos al Estado provincial por no haber desalojado antes a "los ocupantes" de La Toma.

"No somos ocupantes, ni somos una empresa recuperada. Tenemos dos leyes que nos avalan, tenemos status de ser un espacio de utilidad pública, porque además de preservar el trabajo, pensamos en los compañeros de otros sectores populares, regeneramos la solidaridad de los trabajadores, y así acogimos el comedor universitario, la galería de arte de Humanidades, la Asociación Argentina de Actores, los talleres de microemprendimientos de la Municipalidad, la Mesa de Jubilados, y luego el centro cultural, el mercado popular. Nunca quisimos recuperar una empresa. Estamos al servicio de la comunidad, de utilidad pública, no para los buenos negocios", distinguió Ghioldi.

Con todo eso contestarán el 22 la requisitoria del juzgado, y con el patrocinio del abogado Juan Lewis, ex ministro de Justicia provincial.

En la audiencia se dio cita un amplio abanico de instituciones y espacios políticos y gremiales que ratificaron su apoyo a la lucha de este colectivo. En ese tren, celebraron el eco recibido desde el Concejo Municipal, el Movimiento Sindical Rosario y legisladores, como talud para oponer resistencia política al embate judicial.