El viernes se cumplieron cuatro años y medio de la desaparición de Paula Perassi y, esta vez, su familia no convocó a la marcha de todos los 18, como hace desde de 2011. Alberto y Alicia, los padres de la sanlorencina de 34 años, siguen esperando justicia y hoy reclamarán -a través de sus abogados querellantes- que el juez Juan José Tutau resuelva el pedido de detención contra los ocho acusados que fueron puestos en libertad en agosto, como consecuencia del cuestionado fallo del camarista Adolfo Prunotto Laborde. Hace casi 20 días, la Corte Suprema de Justicia de la provincia dio vuelta esa decisión y ordenó que un nuevo juez de la Alzada resuelva la situación de cinco policías y tres civiles, que estuvieron apenas tres meses tras las rejas. La querella y la fiscalía le presentaron el pedido de arresto al magistrado, pero éste dijo que la Cámara Penal de Rosario debía ordenar la detención. "Tiene que resolver él o habría prevaricato", aseguró Adrián Ruiz, uno de los abogados de la familia Perassi. Además, insistió: "Hay que buscar una acción más dinámica para encontrar el cuerpo de Paula".

Apenas el máximo tribunal provincial anuló el fallo de Prunotto Laborde, que habilitó las libertades de los ocho acusados (tres civiles por aborto seguido de muerte; y cinco policías por encubrimiento agravado), los querellantes presentaron el pedido de detención a Tutau, hasta que la Cámara Penal vuelva a llamar a audiencia de apelación. Es decir, los abogados plantearon que los acusados vuelvan a estar en la misma situación que tenían antes del fallo anulado: presos.

Sin embargo, el magistrado de San Lorenzo respondió que debe ser la Alzada la que decida esa cuestión; planteo que negaron los querellantes, quienes hoy presentarán una revocatoria a esa decisión e instarán al juez a que resuelva el pedido que también hizo la fiscalía.

Pero ésa no es la única cuestión. Los querellantes y la Fiscalía insisten con la detención de Antonio Diaz, la mano derecha de Gabriel Strumia, amante de Paula y principal acusado de haber cometido "aborto sin consentimiento seguido de muerte", ya que la mujer estaba embarazada de pocas semanas como consecuencia de esa relación extramatrimonial. Ese pedido de detención también fue rechazado por Tutau, por lo que se presentará recurso de apelación.

Los letrados también pedirán que la Cámara analice el cambio de calificación en las acusaciones contra Strumia y Díaz, quienes estaban señalados por el delito de homicidio; pero cuando se los procesó Tutau caratuló el delito como aborto seguido de muerte. Además, aseguran tener nuevos elementos de prueba para llevar a la audiencia oral y pública que aún no tiene fecha.

"El 18 no va a haber marcha y creo que no quiero molestar más gente para ir a la esquina de los bancos, porque hay cosas más importantes para hacer y estoy esperando instrucciones para eso", aseguró Alberto en declaraciones al sitio de noticias de San Lorenzo diariosintesis.com.ar.

El paso a paso

En mayo de 2015, luego de una reelaboración de la teoría de la fiscalía sobre lo sucedido con Paula, después de que salió de su casa la noche del 18 de septiembre de 2011, para buscar la tarea de uno de sus dos hijos, el juez Tutau mandó detener a los ocho implicados.

Esa medida fue apelada por los abogados defensores de los imputados, lo que generó las audiencias de apelación presididas por Prunotto Laborde, quien tras dos jornadas decidió ordenar libertad de todos, sin más argumentos que los expuestos por la defensa. Y sin mencionar uno solo de los alegatos de la fiscalía y la querella, que pedían mantener las detenciones hasta el juicio.

El criticado fallo de Prunotto Laborde generó hasta un escrache público por parte de organizaciones de mujeres. En su momento, los abogados querellantes, Ruiz y José Ferrara, pidieron a la Corte la nulidad de lo resuelto por el camarista, ya que consideraron que se trató de una decisión "arbitraria" y "dejó a la investigación al borde de la impunidad" con "fundamentos inexistentes". En aquel momento aseguraron: "Son ocho personas peligrosas procesalmente porque han alterado y perturbado la investigación, amenazando a la familia" desde 2011.

Así, el 3 de marzo pasado, la Corte decidió por unanimidad anular el fallo del camarista porque consideró que carecía de fundamentos para ordenar la liberación de los acusados. Si bien la resolución vuelve atrás la situación procesal de los implicados, desde Tribunales se aclaró que ello no significa que la detención sea automática. Por eso, los querellantes y la fiscalía piden que se detenga a los imputados y que lleguen a la nueva audiencia en estado de prisión preventiva.

Los acusados son Strumia, su esposa Roxana Michl; la sindicada abortera Mirtha Rusñisky; el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol; y los policías Jorge Kretz, Héctor Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, acusados de encubrir el hecho.

Paula, tenía 34 años y desapareció el 18 de septiembre de 2011 cuando estaba embarazada de seis semanas. Según la hipótesis de la parte acusadora, fue obligada a practicarse un aborto contra su voluntad, en el que habría muerto.