La justicia hizo lugar, en la audiencia fijada ayer por la quiebra del ex supermercado Tigre, a realizar una inspección el 31 de marzo para corroborar "la utilidad y función social" desplegada en el inmueble ubicado en Tucumán 1349, donde funciona el Centro Cultural La Toma. Antes de la audiencia, representantes de la Cooperativa de Trabajadores en Lucha de La Toma presentaron un escrito al juez Marcelo Quaglia, titular del juzgado Civil y Comercial Nº 14, donde reseñan la historia del sitio que desde hace 14 años brinda espacio a múltiples organizaciones sociales y donde funcionan un mercado popular y un comedor universitario. Más tarde, se realizó un masivo acto público en La Toma para defender su permanencia.

El mes pasado, la cooperativa recibió una citación de Quaglia, dirigida a "los ocupantes del lugar" para que se presenten ayer, motivando severas críticas. Antes de la audiencia de conciliación, los representantes de la cooperativa presentaron un escrito al magistrado para que sea considerada parte procesal en los autos caratulados "Banco Finansur en la quiebra del Tigre s/ concurso especial", y en el que ponen de manifiesto una serie de circunstancias que "resultan de capital importancia a la hora de tomar decisiones en relación al inmueble".

La historia de la puesta en funcionamiento de la cooperativa, en julio de 2001, cuando los trabajadores del ex supermercado Tigre deciden hacerse cargo del establecimiento después de varios meses sin cobrar sus salarios y que no les hicieran los aportes.

También refieren la decisión de los trabajadores de compartir el espacio con "organizaciones e instituciones de raigambre popular", detallando cuáles funcionan en el lugar, como la secretaría de Bienestar de la UNR, que tiene el comedor universitario, y la subsecretaría de Economía Social municipal, entre otras. "En ningún lugar del expediente estaba acreditada la utilidad y función social del espacio", remarcó Juan Lewis, abogado de la cooperativa.

"Las cuestiones sociales, políticas y culturales que se generaron en La Toma que funciona en el inmueble objeto de los presentes, exceden los intereses mezquinos que se ventilan en estos autos. No caben dudas que el movimiento generado alrededor de este inmueble a partir del trabajo de la Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha ha calado hondo en la vida de nuestra comunidad rosarina", plantearon en el escrito.

"Dicha circunstancia no podía pasar desapercibida desde lo institucional, y por tal motivo la Legislatura provincial sancionó las leyes 12.317 y 12.964 que parte de considerar a este espacio como un lugar de utilidad pública que cumple una invalorable función social para la comunidad rosarina", agregaron.

También acompañaron el escrito con la resolución tomada hace unas semanas por el Concejo Municipal, apoyando a la cooperativa, y el acta de la Asamblea Multisectorial realizada el pasado 14 de marzo. "La función social que se despliega en el inmueble objeto de los presentes no puede desconocerse y ha de ponderarse debidamente al tomarse cualquier determinación a su respecto", indicaron.

En este marco, solicitaron al juez Quaglia que disponga la realización de una inspección judicial "a fin de corroborar la utilización del inmueble, citando a todas las partes interesadas". En la audiencia, el magistrado finalmente hizo lugar al pedido para realizar la inspección, que fue fijada para el 31 de marzo.