La fiscalía terminó el miércoles pasado con su alegato en la causa por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi -el Viejo y el Carlón para sus compañeros de militancia- con pedidos de penas de prisión perpetua para los once imputados. El alegato elaborado por Adolfo Villate y Federico Reynares Solari, de la Unidad de Derechos Humanos, recordó que "el contexto particular -que integró el plan sistemático de represión clandestina e ilegal- en el cual se sucedieron e inscribieron los hechos fue la alegación de un supuesto 'rebrote subversivo', ya que el secuestro de los dos militantes montoneros en el bar Magnum fue el 14 de mayo de 1983, cinco meses antes de las elecciones que consagraron como presidente a Raúl Alfonsín. "Este relato que se intentó sustentar con la presentación falaz de hechos como el aquí estamos juzgando (el supuesto enfrentamiento) fue uno de los instrumentos que se utilizaron para lograr el objetivo propuesto: cimentar la impunidad del programa represivo ejecutado contra el pueblo argentino. En la misma dirección y en el mismo marco se encontraban la publicación del Documento Final, la orden de destrucción y el dictado de la 'ley' de auto amnistía", expresó ante el Tribunal Oral Federal Número 2 Reynares Solari. Antes de fin de mes se conocerá la sentencia.

Los pedidos de prisión perpetua van desde el ex presidente Reynaldo Bignone, el segundo comandante del Segundo cuerpo de Ejército, Alberto Carlos Lucena; el Jefe de Operaciones del Comando del Segundo Cuerpo, Rodolfo Rodríguez; el jefe del Destacamento de Inteligencia 121, Pascual Guerrieri y el Segundo Jefe, Luis Américo Muñoz, entre los militares. El alegato elaborado entre Adolfo Villate y Federico Reynares Solari, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, concluyó también con un pedido de la pena máxima para quienes eran Personal Civil del Ejército: Walter Salvador Dionisio Pagano, Carlos Antonio Sfulcini, Ariel Antonio López y Juan Andrés Cabrera. En este lote estaba también al principio del juicio Ariel Porra, pero falleció en septiembre del año pasado. La perpetua pedida por los representantes del Ministerio Público alcanza también a quienes eran policías de la provincia de Buenos Aires, Juan Amadeo Spataro y Luis Abelardo Patti.

Reynares Solari también dijo que durante los meses del juicio se probaron los tormentos infligidos a Cambiaso y Pereira Rossi, como así también la falacia del supuesto enfrentamiento alegado en la versión oficial de los hechos. "Uno de los aspectos del plan sistemático fue la garantía de impunidad que se les aseguró a los ejecutores de aquellos hechos aberrantes", dijo Reynares Solari, y subrayó que en 1983, "en tiempos de acelerado deterioro político de la última dictadura cívico militar, el que estaba acompañado de un fervor cívico creciente que reclamaba la inmediata institucionalización de país, la estrategia de impunidad requirió una estrategia más alambicada, como la que se dio en la presente causa. A saber: la justificación argumental de las direcciones políticas se acompañó con una estrategia probatoria de impunidad. Es decir, el direccionamiento de la investigación judicial".

El fiscal detalló "las evidencias de las torturas a Pereira Rossi" y de que Cambiaso fue "maniatado antes de su muerte".

El fiscal se refirió a "la flagrante falacia de la versión oficial" de un supuesto enfrentamiento. "La versión 'oficial' que suministró la última dictadura cívico-militar en fuga del poder se basó en sostener que la muerte se dio en el marco de un 'enfrentamiento' que habrían sostenido aquellos con miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires".

Para Reynares Solari, "los responsables políticos que intentaron instalar desde las más altas esferas decisorias el clima del 'rebrote subversivo', contexto particular del plan sistemático instalado desde el año 1976, responsables políticos por ende de esta 'operación especial' engarzaron a la misma su discurso justificador de aquella".

Durante su alegato, el fiscal aseguró que "la versión encubridora resulta palmariamente falsa. Ello por tres razones fundamentales, a saber: existió una relación de continuidad entre el secuestro y la muerte de Osvaldo Cambiaso y de Eduardo Pereira Rossi; la evidencia de tormentos en sus cuerpos producidos momentos antes de la muerte; y la evidencia científica, aún la generada con el propósito de cubrir con un manto de impunidad a los perpetradores, contradice frontalmente a la versión oficial".

Como final de alegato, Reynares Solari pidió la mayor pena porque "desde el punto de vista objetivo estos hechos, cometidos por medio la utilización clandestina del aparato estatal, con garantía de impunidad, no existe una violación más flagrante el Estado de Derecho en la historia". Y arguyó que "subjetivamente los acusados ya habían participado de los hechos del programa represivo y es más reprochable el hecho que concurrieran a cometer el hecho para terminar de remachar su propia impunidad".