La justicia provincial postergó ayer el desalojo del tambo La Resistencia, ubicado en la zona rural de Nueva Alberdi, que tenía fecha para el próximo jueves 14 de abril. La titular del juzgado de Circuito Nº 5, Stella Maris Bertune, decidió convocar a las partes, a la intendenta Mónica Fein y a tres concejales a una audiencia que se realizará el 27 de este mes. La otra medida dispuesta por la magistrada, antes de fijar una nueva fecha de desalojo, es inspeccionar el predio. "La suspensión es un alivio porque tenemos un poco más de tiempo para resolver este conflicto", dijo el concejal Juan Monteverde (CF), quien impulsó un proyecto para declarar al lugar de interés social sujeto a expropiación. El tratamiento de la iniciativa generó un sinfín de reuniones en el Palacio Vasallo en la previa de la sesión. Finalmente, el tema se va a tratar en la primera sesión luego de la audiencia.

Luego que la Cámara de Apelaciones en lo Civil revocara la incorporación del tambo al registro de freno por cinco años a los desalojos de unidades productivas, en uno de los tres lotes que están en conflicto judicial, la jueza Bertune había dispuesto la orden de desalojo para el próximo jueves a las 9. Ayer, la magistrada resolvió postergarlo y antes de definir una nueva fecha de desalojo realizará dos medidas. En primer lugar, la convocatoria para el miércoles 27 a una audiencia en Tribunales a la que deberán concurrir las partes, la intendenta Fein y tres representantes del Concejo Municipal.

Unos días después, la jueza realizará una inspección en el predio, una medida similar a la que realizó la semana pasada el juez Marcelo Quaglia en el Centro Cultural La Toma, que tramita el juicio por la quiebra del ex supermercado Tigre. Recién después de estas dos medidas, y según sus resultados, Bertune fijará nueva fecha de un posible desalojo.

"La línea que sigue la jueza es la que planteamos desde el primer día", dijo a Rosario/12 Gabriela Durruty, quien junto a Jessica Pellegrini son las abogadas de la cooperativa. "Intentamos una cosa tan elemental, como que el relato judicial sea lo más fiel posible a lo que ocurre en la realidad, algo que parece sencillo pero no lo es porque las reglas del derecho no están pensadas para este tipo de conflicto", agregó.

Para Durruty, el hecho que la jueza Bertune haya pospuesto la orden de desalojo y que haya citado al Ejecutivo y al Concejo "es alentador y se acerca mucho más a lo que entendemos tendría que ocurrir, echar mano de la política para resolver los conflictos". El pasado lunes, cuando los concejales presentaron el proyecto, las abogadas remarcaron que había muchas pruebas en el expediente justificando el interés social del emprendimiento, y que en ese marco habían solicitado una audiencia pública a la Corte para que cite a todas las partes.

"Además, nosotros acompañamos desde el primer momento un proyecto de expropiación presentado por los entonces diputados Oscar Urruty y Eduardo Toniolli, todas las ordenanzas sancionadas por el Concejo, en distintas oportunidades y diferentes composiciones, señalando la preocupación por el recrudecimiento del conflicto que se venía dando en Nuevo Alberdi. Algunos desalojos se hicieron de hecho por fuera de la ley y a los tiros", precisó Durruty.

Preferencia. El proyecto para declarar al predio de interés social, que ya contaba con las firmas de los dos ediles que integran el bloque Radicales Progresistas, pero que no alcanzaba para tratarlo sobretablas en la sesión de ayer, continuó dividiendo las aguas en el interbloque oficialista, ya que el socialismo, tras la decisión judicial, había decidido habilitar su tratamiento. Según comentaban en el Palacio Vasallo, los radicales Daniela León y Martín Rosúa no pensaban lo mismo.

Los desacuerdos dilataron la decisión que, tras varias horas de reuniones, finalmente permitió destrabar el tratamiento del proyecto, aunque no en la sesión de ayer, en la que Monteverde pidió una preferencia para su discusión en el recinto. La solicitud fue acompañada por el titular del bloque socialista, Horacio Ghirardi, quien manifestó el compromiso de que el tema se trate en la sesión posterior a la audiencia fijada por la jueza Bertune entre las partes, la intendenta y los concejales, el próximo 27.