Presentada en sociedad en mayo del año pasado, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir convoca a unos 500 integrantes en todo el país. Una buena parte se reunió la semana pasada en Rosario, en el Encuentro de Profesionales por el Derecho a Decidir, para debatir -entre otros temas- "la incidencia micropolítica para la acción cotidiana, con estrategias para sortear las barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE)", explicó Raquel Tizziani, una de las integrantes de la Red en Rosario. Si las personas que militan contra los derechos de las mujeres en el sistema de salud pública tienen como estrategia pasar desapercibidos, y así boicotear a las mujeres en cada servicio, la Red transita el camino contrario en todos los sentidos: "Queremos invertir la lógica: antes, los profesionales que garantizaban el acceso al aborto estaban rozando la ilegalidad y hoy es el que no lo garantiza quien roza la ilegalidad", expresó Tizziani. Por eso también se proponen hacer visibles a quienes obstruyen el acceso de las mujeres a su salud sexual y reproductiva para que no puedan vulnerar esos derechos.

La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir reclama, entre otras políticas, la producción pública de las drogas -el misoprostol o la mifeprestina- que permiten la interrupción de embarazos con pastillas. Si bien el LIF santafesino había comenzado a evaluar la fabricación, ese proyecto no avanzó.

Unos 75 profesionales de todo el país llegaron a Rosario para debatir durante todo el día las mejores estrategias para garantizar que las mujeres puedan acceder a sus derechos, con el marco existente: el Protocolo para la Atención Integral de personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Esa guía publicada por el gobierno nacional en abril del año pasado amplía casi sin límites el panorama de intervención para quienes trabajan en la salud pública.

Pero no lo es todo. Otra integrante de la red, Paula Botta, consideró que es imprescindible que se avance en la legalización del aborto por el solo pedido de la mujer, porque si no "sigue estando en el poder del médico". Por eso, la Red participó en la elaboración y acompañará la presentación del nuevo proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se hará el 28 de mayo próximo, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

El Encuentro tuvo algunos debates muy específicos, como el uso de las drogas Misoprostol y Mifepristone, así como la necesidad de avanzar en la práctica AMEU, una "intervención muy sencilla, que es ambulatoria" y que debería ser la que se utiliza en todas las intervenciones de embarazo a quienes no pueden realizar un aborto con pastillas por algún motivo. "La idea es que las autoridades de Salud utilicen a la Red como insumo para capacitar, asesorar y contener en la difusión de esta práctica, recomendada por la Organización Mundial de la Salud", explicó Botta.

El documento fundacional de la Red, publicado en mayo del año pasado, definía con claridad: "Somos el eslabón más concreto de la política pública, estamos allí donde las leyes y los programas de salud se convierten en derechos para las personas o, en el otro extremo, se vulneran", dice el texto. "Nuestra posición es siempre la misma: respetamos la decisión de cada mujer promoviendo el cuidado de su salud en cada momento de su vida", subraya. "Cada mujer tiene sus razones para abortar: su proyecto de vida, motivos económicos, familiares, emocionales, afectivos, etc. Desde nuestro punto de vista, someterse a un embarazo forzado atenta contra la salud integral de cualquier mujer", sigue ese documento en el que plantean con claridad que ven "imprescindible la aprobación del uso gineco obstétrico del misoprostol y su producción pública en presentaciones adecuadas para realizar interrupción legales del embarazo".

Con esas premisas, entre 20 y 30 profesionales rosarinos forman parte de la red, y ocho de ellos se abocaron a armar el encuentro de la semana pasada.

Entre los temas de debate del Encuentro estuvo, como punto básico, la accesibilidad de las usuarias a los servicios de salud sexual y reproductiva. "La mujer tiene un gran peregrinaje hasta lograr acceder a profesionales que la escuchen. Antes cruzó a un montón de personas que le dijeron que no lo hacían, que en ese lugar no se hacía, en fin, que le pusieron obstáculos", explicó Tizziani. Por eso, la Red comenzará a denunciar a quienes impidan la consecución de derechos.

Y si bien siempre hay materias pendientes, centros de salud donde las mujeres encuentran rechazos y vulneraciones, Botta y Tizziani subrayaron que Santa Fe es uno de los poquísimos distritos del país -no más de tres- que tienen un protocolo de atención de los abortos no punibles garantizado por ley y ordenanza municipal. Incluso, saludaron el proyecto de ley de la diputada del partido SI, Alicia Gutiérrez, para que los objetores de conciencia no puedan estar al frente de servicios de Ginecología y Obstetricia. "La objeción de conciencia es un privilegio en el que se amparan algunos profesionales para no brindar un servicio, pero eso se ha utilizado de una manera distorsionada para afectar los derechos de las mujeres", explicó Tizziani.

Reunidos entre pares, las y los profesionales de la salud plantearon también que "no existe ningún espacio serio de la facultad, en pre ni postgrado, sobre interrupción del embarazo. Queda librado a la voluntad de los residentes, tanto en medicina general como en tocoginecología", explicó Tizziani. Un enfermero integrante de la Red, Pablo Dalmasso, afirmó que esa situación es flagrante de la carrera de Enfermería.