Como si fuera un déjà vu, ayer los ocho imputados por la desaparición de Paula Perassi llegaron sin esposas, en libertad, a la audiencia oral y pública para debatir el pedido de que esperen el juicio en prisión preventiva. En agosto pasado fueron excarcelados por el juez Adolfo Prunotto Laborde. A pesar de que esa decisión fue anulada este año por la Corte santafesina, ni el juez de primera instancia, Juan José Tutau, ni la Cámara Penal decidió volver a ponerlos tras las rejas hasta que se defina su suerte en la audiencia. En sus alegatos, la defensa de los tres civiles y cinco policías acusados intentó demostrar que sus clientes no están implicados en la desaparición de la sanlorencina. Sin embargo, la fiscalía y la querella presentaron pruebas para dar cuenta de que la mujer de 34 años murió tras un aborto forzado, ya que estaba embarazada de su relación extramatrimonial con el principal acusado, Gabriel Strumia. En ese contexto, aseguraron que mientras ellos sigan en libertad, la investigación no podrá avanzar. "La peligrosidad procesal es altísima, lo único que hacen es interferir en la investigación y obstaculizarla", dijo el fiscal de Cámara Guillermo Camporini. "Acá se pagó impunidad", agregó el abogado de los Perassi, Adrián Ruiz. El camarista Carlos Carbone resolverá en seis días hábiles.

Los primeros días de marzo pasado, la Corte Suprema de Santa Fe anuló el fallo de Prunotto Laborde, que en agosto ordenó liberar a los ocho imputados por la desaparición de Paula. La decisión del máximo tribunal provincial se basó en la "falta de fundamentos" esgrimidos por el magistrado para excarcelar a tres civiles acusados por los delitos de "aborto sin consentimiento seguido de muerte"; y a cinco policías, sindicados por encubrimiento agravado. Sin embargo, la detención de los acusados no fue automática. De hecho, ayer llegaron a la audiencia en libertad.

Las detenciones habían sido ordenadas en mayo de 2015, cuando el fiscal Donato Trotta le dio un giro a la investigación y presentó su teoría del caso, basada en ese embarazo "no deseado por Strumia" y el aborto forzado por el que están acusados el empresario sanlorencino, amante de Paula, su esposa Roxana Michl; y la sindicada abortera, Mirtha Rusñisky.

Sin embargo, desde el primer día de búsqueda de la mujer desaparecida el 18 de septiembre de 2011, entró en escena personal policial. Según se expuso en la audiencia de ayer, el propio Strumia --que era amigo de la familia Perassi-- llevó a Alberto, el padre de Paula, a denunciar el caso ante el entonces jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol, quien ahora está imputado con los policías Jorge Kretz, Héctor Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, por encubrir el hecho.

Paula tenía 34 años y dos hijos de 3 y 6 años. En la noche del 18 de septiembre de 2011 salió de su casa, y nunca regresó.

Ayer, a más de cuatro años y medio del hecho, el abogado Fernando Sirio dijo que habían presentado -en los últimos días- un video de las cámaras de seguridad de la casa de Strumia. Camporini se quejó: "¿Cómo los policías (acusados) no secuestraron antes este material de cámaras que se presenta ahora? Hay entorpecimiento probatorio, sobre todo a sabiendas de que todavía no apareció el cuerpo de Paula".

El expediente ya suma 31 cuerpos y desde la fiscalía consideran que resuelto el incidente de la prisión preventiva podrían iniciar la requisitoria de elevación a juicio de la causa. "Si sale el proyecto de juicio por jurado (que avala la provincia) lo aceptaremos para este caso", dijo Camporini.