Desde Santa Fe

No eran 500 millones de dólares. El gobierno de Miguel Lifschitz pidió a la Legislatura que lo autorice a emitir bonos de la deuda pública para obras de infraestructura por 1.000 millones de dólares, el doble de lo que el propio gobernador y su ministro de Economía, Gonzalo Saglione, habían dicho hasta la semana pasada. Saglione sólo sugirió que iban a ser "más de 500 millones", pero no dijo que la idea era duplicar el monto. El proyecto ingresó el jueves en la Cámara de Diputados y podría tener trámite exprés porque en esa misma sesión -de sólo 45 minutos- el Frente Progresista votó una preferencia para aprobarlo el jueves que viene. El préstamo sería amortizable entre 5 y 12 años, con tasa de interés de mercado y la garantía de los fondos de coparticipación de la provincia, mientras que las "comisiones y honorarios" a gestores del financiamiento ("colocadores, compradores iniciales, fiduciario u otros", los llama el mensaje) "no podrán superar el 0,30 por ciento del monto de la emisión", lo que significa 3 millones de dólares, es decir más de 40 millones de pesos. La ley crea una comisión bicameral de seguimiento integrada por cinco diputados y cinco senadores que se encargará del "control de gestión" de las operaciones y dispone un anexo con 125 obras a financiar con los recursos, más de la mitad de ellas caminos y accesos a poblaciones santafesinas.

En el mensaje a la Legislatura, Lifschitz explicó que el "instrumento viable y más conveniente" para buscar rápido recursos en el exterior e invertirlos en obras de infraestructura era "un bono emitido en moneda extranjera", negociable en los "mercados financieros internacionales".

El Poder Ejecutivo ya había sido autorizado por las Cámaras a "gestionar operaciones de crédito público" hasta 2.200 millones de pesos, por lo que ahora propuso ampliar esa cifra a 1.000 millones de dólares (más de 14.000 millones de pesos). Aquel endeudamiento demandó un trámite legislativo de casi un año: ingresó en diciembre de 2013 y recién se convirtió en ley en noviembre de 2014, lo que ya marca un contraste con el que ingresó el jueves y podría tener media sanción de Diputados en una semana. Después, seguiría el Senado, pero los corrillos de la Casa Gris aseguran que ya tiene luz verde de los senadores del PJ.

En caso de litigios, Lifschiz propuso -y así lo dice el artículo 4- que Santa Fe acepte "la jurisdicción en favor de tribunales extranjeros", renuncie a "oponer la defensa de inmunidad soberana" de la deuda y se sujetará a que "se incluyan las denominadas 'clausulas de acción colectiva' y cláusula de 'pari passu' (la misma que el juez municipal de Nueva York, Tomás Griesa, aplicó a la Argentina en el conflicto con los fondos buitre), de conformidad con las prácticas y estándares habituales y actuales de los mercados de capitales", agrega la norma.

El gobernador anunció también la contratación de "calificadoras de riesgo a nivel internacional para los bonos a ser emitidos" y estudios de abogados para "el asesoramiento jurídico especializado", que se encarguen de las "diligencias propias de emisiones de deuda en mercados internacionales". Y mencionó dos decretos: 331/16 y 332/16 con los que "se procedió a realizar las selecciones y contrataciones correspondientes".

En la Asamblea del 1º de Mayo, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Cavallero, criticó a Lifschitz porque ninguno de esos dos decretos se habían publicado en la página del gobierno. "Habló de transparencia, pero los decretos no se publican" y entre los que "no se publicaron están el 331/16 y 332/16 que contratan calificadoras de riesgo de triste recuerdo en la Argentina y estudios de abogados que, entre otras cosas, han defendido a los fondos buitre", reveló Cavallero.

El ministro de Economía adelantó que el miércoles a la mañana estará en la Cámara de Diputados para explicar detalles del proyecto que el Frente Progresista quiere aprobar el jueves. "Queremos contar con rápida disponibilidad y en volúmenes acordes a los montos necesarios para financiar los proyectos de inversión pública en la provincia", destacó Saglione.

La ley crea una comisión bicameral de seguimiento integrada por diez legisladores (cinco diputados y cinco senadores) en "proporción de las representaciones políticas" de cada Cámara que asumirá "control de gestión" de las operaciones.