La mamá de un ex alumno del Colegio Verbo Encarnado (La Paz 526) contó a Rosario/12 que su hijo fue rechazado en febrero de 2005 sin ninguna explicación, y acreditó el maltrato que sufría la entonces recepcionista Rosana Martínez, cuya historia de hostigamiento laboral fue revelada en la edición del pasado 11 de setiembre. Mientras tanto, la escuela confesional repartió a todos sus alumnos una carta dirigida a la comunidad educativa, firmada por la representante legal y madre superiora María Loreley Ifran Alvarez, en la que afirma: "hemos obrado con la señorita Martínez siempre conforme a lo que la ley exige, no hemos incumplido con sus derechos, y tanto yo como la administradora (Eliana Cecilia Aguilera) hemos obrado con rectitud de conciencia y de proceder ante ella". Para la abogada patrocinante de la empleada, Susana Treviño, la actitud del colegio es "inusitada", ya que "confunde su obligación de impartir educación con el daño moral provocado por el Colegio Verbo Encarnado en su condición de patronal".

Claudia Marelli contó que su hijo Agustín Cascio -hoy de 16 años- cursó en el Verbo Encarnado desde preescolar hasta el año 2004, cuando hizo por segunda vez 9° año de la Educación General Básica. "Cuando fui a pagar la matrícula en febrero de 2005, Rosana me la cobró. Luego, la administradora me dijo que ella se había equivocado, y usó palabras degradantes sobre su persona", relató la mujer, que también realizó sus estudios primarios y secundarios en la misma institución. "Me dijeron que mi hijo había quemado un afiche, pero no lo hizo solo, sino con otros compañeros, que aún continúan en la escuela", relató Marelli.

Agregó que su hijo, ante la necesidad de asistir a los recuperatorios para no repetir el 9° año, se negó a hacerlo. "No puedo presentarme, porque me tuvieron bronca todo el año y no me van a aprobar", argumentó el adolescente en el verano de 2003. Aunque reconoció que como madre siempre va a defenderlo, también afirmó: "Desde que asumieron los directivos no religiosos en la escuela, se ensañaron con él". Y si bien fue advertida sobre la conducta de su hijo, afirma que le negaron la continuidad en la escuela sin mayores explicaciones. "Dijeron que me habían avisado, pero sólo me advertían que él se portaba mal. Por otro lado, cuando yo protesté, argumentaron que había llegado tarde a pagar, pero durante todos los años que mi hijo fue a la escuela, yo pagaba siempre en febrero, durante ese mes llevaba todo lo que debía", relató.

Marelli llevó su reclamo ante el Ministerio de Educación, pero allí tampoco obtuvo respuesta, así que Agustín comenzó el Polimodal en la escuela Nacional 1. La mujer también retiró del colegio a su otra hija. "Cuando Rosana me cobró la matrícula, la administradora, Eliana (Cecilia Aguilera), dijo que le extrañaba, porque tenía orden de no hacerlo. Ella fue a la dirección, y volvió con los ojos llorosos. Me aseguró que nunca le habían ordenado no cobrarme la inscripción", rememoró Marelli, al tiempo que dio fe sobre el maltrato que sufría la empleada. "La conocí de tantos años de cobrarnos la cuota, de estar en la escuela. Era excelente en su trato con la gente, con los padres y los alumnos, siempre estaba de buen humor. Lo cierto es que cuando la llamaban de la dirección, o la administradora, volvía con los ojos llorosos. Se convertía en otra persona", contó. Y dijo que ella misma fue testigo de la degradación que sufría ante terceros. "La administradora me dijo que Rosana era una estúpida que no entendía nada", contó Marelli, quien considera que las autoridades religiosas desconocen estos manejos escolares.

Al mismo tiempo, la jueza en lo laboral Silvina Laura Quaglatti rechazó in límine el pedido de aseguramiento de pruebas presentado por Treviño, representante legal de la víctima de mobbing. "Realizamos un ofrecimiento de testimonial, de pericial psicológica y psiquiátrica y prueba documental, como se establece en el artículo 272 y concordantes del Código de Procedimientos civil y comercial vigente en la provincia de Santa Fe, de aplicación en la justicia laboral. Nos sorprende la negativa de la jueza, ya que la jurisprudencia y doctrina unánime no sólo en la provincia sino en todo el país es establecer la mayor amplitud de criterio probatorio en lugar de restringirlo", afirmó Treviño, quien consideró que hubo "irregularidades" en el trámite del expediente 807/2006. "Debimos rastrearlo en mesa de entradas única, y también en el juzgado, donde se cometió una falta gravísima ya que no estaba registrado su ingreso. Hubo que realizar un rastreo durante tres días, en los que estuvo perdido", indicó.