Ante la notificación de un desalojo pedido por una desarrolladora inmobiliaria, un numeroso grupo de familias del barrio "La Bombacha", en la zona noroeste de la ciudad, se autoconvocaron para defender sus viviendas. Los vecinos realizaron anteayer una asamblea para definir estrategias y exigir, entre otros puntos, frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el hábitat digno, con el objetivo de evitar el desalojo de las 2.500 familias que viven en el lugar. Las personas que enfrentan el desalojo estuvieron acompañadas por los integrantes de la Concejalía Popular, que preside Nire Roldán. "Existe un derecho a la vivienda digna de las familias que esta por encima del interés de los desarrolladores privados", señaló Roldán. La justicia, que convocó la semana pasada a una audiencia entre las partes, junto a representantes legales de la Municipalidad y el Concejo, para resolver el conflicto, definió una nuevo encuentro para el próximo 1º de junio.

A fines de abril las familias que habitan el barrio La Bombacha (Juan José Paso al 8200) fueron notificadas del intento de desalojo, iniciado por el grupo desarrollador Aldea hace unos 10 años. Si bien el conflicto se había solucionado de manera transitoria, las notificaciones generaron preocupación entre los vecinos del barrio en el que habitan más de 2.500 familias, quienes anteayer se autoconvocaron y realizaron una asamblea en la esquina de Schweitzer y Olmos.

Allí exigieron un censo detallado de los vecinos y familias residentes en la totalidad del barrio. En la reunión, también definieron acordar y exigir el urgente reordenamiento, urbanización y saneamiento del predio, y la defensa de los derechos constitucionales de los vecinos sobre el interés especulativo de las desarrolladoras privadas.

La asamblea se realizó tras la participación de representantes de las familias en una audiencia pública que se realizó el jueves pasado en el juzgado Civil y Comercial Nº 4, a cargo de la jueza Stella Maris Bertune, de la que también participaron abogados de la desarrolladora inmobiliaria, la Municipalidad, y del Concejo, ya que a partir de un decreto aprobado por el cuerpo en el 2005 se había suspendido el desalojo por 12 años, y que se reubicarían las familias que estaban sobre la calle Schweitzer, brindándoles una solución habitacional.

"Los desarrolladores compraron el terreno con gente viviendo adentro, y ahora presionaron exigiendo una audiencia de conciliación, recordando el decreto donde había un compromiso de reubicar a las familias, interpretando que había 35 familias cuando hoy hay 2.500", precisó Roldán.

Desde la Concejalía Popular señalaron que la primera discusión se dio porque no está determinado con certeza cuál es el predio que está afectado al juicio. "Había un gran desconocimiento de la situación de la parte actora en el expediente, incluso del Poder Judicial, lo cual nos llamó la atención ya que basta tomar el Google Maps para fijarse la cantidad de familias que están asentadas en el predio", dijo Ariel D` Orazio, secretario de la organización.

"También se solicitó que se genere un nuevo censo para determinar de manera fehaciente la cantidad de personas afectadas, y se estableció el pedido de informes a provincia y municipio para evaluar la posibilidad de retomar el proyecto de reubicación de las familias", agregó D`Orazio.

"Los desarrolladores plantearon el desalojo de las familias que hace más de 20 años viven allí, mucho antes de pensarse en un desarrollo urbano en la zona", advirtió el titular de la Concejalía Popular, quien acompañó a las familias "para que les sean reconocidos sus derechos garantizados en la Constitución Nacional, los pactos y tratados internacionales al acceso a una vivienda digna y justa".