El Concejo municipal recibió ayer a vecinos de la zona de Puente Gallego, preocupados por la visita de personas desconocidas con la intención de censar y mensurar el barrio con el argumento de cumplir con requerimientos de un juicio de desalojo para unas 500 familias que habitan en ese arrabal del extremo sudoeste de la ciudad. Es el segundo caso en los últimos días que sale a la luz acerca de una ofensiva judicial contra familias pobres y ocupantes de terrenos en zonas marginales que cobran valor a partir de la demanda de tierras en el negocio inmobiliario. El otro caso se encuentra en Schweitzer al fondo, en la villa miseria llamada La Bombacha.

Mujeres, hombres y niños arribaron por la mañana al Concejo, con carteles preparados para exponer y mostrar su problema a quien quisiera escucharlos. Dijeron que venían de los barrios llamados Bajo Hondo, Los Angeles y Piamonte, todo en derredor al viejo Puente Gallego, como se denomina a la zona de avenida Ovidio Lagos al fondo, al este del barrio Tío Rolo. Los atendieron los ediles Norma López (Frente para la Victoria), Celeste Lepratti (Frente Social y Popular) y Enrique Estévez (Partido Socialista).

"Se acercaron para plantear una preocupación que tienen por un posible desalojo, ya que se rumorea que se activó un juicio de desalojo por parte de un privado que compró terrenos allí", señaló la concejala Lepratti. La zona dejó de ser campo abierto hace unos cuarenta años, cuando empezaron a establecerse los primeros habitantes. "Se fue conformando un conglomerado con muchas necesidades, pero a pesar de ello quienes hoy viven allí no quieren dejar el lugar. Es su barrio. Necesitan mejorarlo y que el Ejecutivo municipal se haga eco de esa demanda de mejoras, es decir, calles pavimentadas para que la gente pueda salir del barrio sin transitar arterias embarradas, y una solución final al servicio de agua potable", refirió la edila del FPSyP, que viene de asumir un reclamo similar, ya encauzado, con los ocupantes de 12 hectáreas en Cullen y Sorrento, en el noroeste.

Según refirieron, en los últimos días "anduvieron por el barrio unas personas que se negaron a identificarse, que intentaron iniciar un censo y fotografiaron diversas zonas". Lepratti se interesó por conocer la existencia de un expediente judicial al que los vecinos no tuvieron acceso todavía.

"Los vecinos quieren pagar por el terreno que habitan. No quieren que les regalen nada, y esperan las mejoras que nunca llegan. Es un terreno que se presume privado y que demanda ahora un sujeto de apellido Castro. Parece que esta persona adquirió el inmueble anteriormente", relató Lepratti.

Los concejales prometieron solicitar una entrevista con el juez que esté a cargo de la demanda. Para Lepratti, "es una zona caliente por desidia del Estado que se resiste a urbanizar". Desde el socialismo, advirtieron que precisamente la semana pasada se inauguró en el barrio Tío Rolo una planta de ósmosis inversa para facilitar el abastecimiento de agua potable en la zona. Sin embargo, la preocupación más urgente del vecindario es otra: la certeza de poder permanecer donde viven hasta ahora.