El Concejo Municipal aprobará mañana una ordenanza que establece un cupo laboral para las personas transexuales, travestis y transgénero en la administración pública local. A partir del año próximo, cinco personas trans ingresarán al estado municipal cuando deban cubrirse cargos en planta permanente. El proyecto, que ayer consiguió el visto bueno en la Comisión de Derechos Humanos, que preside Celeste Lepratti (FSyP), luego de su aprobación la semana pasada en la Comisión de Gobierno, fue acompañado por la mayoría de los bloques oficialistas y opositores, aunque desde el PRO adelantaron que se abstendrán en la votación. "Es uno de los mejores proyectos a nivel nacional, y creemos que va a ser un cambio importante, tanto para las compañeras como la sociedad. A partir del año que viene vamos a tenerlas trabajando y ocupando lugares que les fueron quitados, así que lo celebramos", señaló Michelle Mendoza, referente del Frente de Diversidad Sexual.

La iniciativa para promover la inserción laboral de travestis, transexuales y transgénero, estableciendo un cupo anual para el ingreso en la administración pública municipal, comenzó a debatirse hace dos años cuando las comisiones recibieron los proyectos acercados por el Frente de Diversidad del Movimiento Evita, y el de Putos Peronistas, que acompañaron las concejalas Fernanda Gigliani (IP) y Norma López (FpV); y el de la Asociación Civil Vox, que acompañó la concejala radical María Eugenia Schmuck. A pesar de marcar diferencias en cuánto al número de personas alcanzadas por la norma, hubo consensos en que fueran diez por año. Pero costó encontrar acuerdos sobre la obligación de acreditar el cambio de identidad de género y que contaran con antecedentes penales.

Con la conformación del nuevo cuerpo, los concejales Eduardo Toniolli (PJ) y Horacio Ghirardi (PS) comenzaron a trabajar en la elaboración de un proyecto único. Los ediles consensuaron en primer lugar que fueran cinco personas trans las que ingresen al estado municipal cuando deban cubrirse cargos de planta permanente. Si bien avanzaron con descartar entre los requisitos la acreditación de género en el documento, la redacción del artículo referido a no incluir los antecedentes penales cuando ingresen en el Registro de Aspirantes, que al socialismo no le cerraba, demoró los acuerdos.

La semana pasada, y luego de acceder al pedido del PRO de tener más tiempo para su análisis, argumentando que una ley comenzará a discutirse en el Congreso Nacional, la Comisión de Gobierno envió el expediente a Derechos Humanos para su tratamiento. Ayer, los ediles que participaron de la reunión, Pedro Salinas (Ciudad Futura), Carlos Cardozo (PRO), López y Lepratti, aprobaron el despacho para que se trate en la sesión de mañana.

Desde el Frente Social y Popular plantearon una modificación en la redacción del artículo sobre los antecedentes, considerando que el agregado de los prontuariales a los penales relacionados al trabajo sexual sería un punto de conflicto, ya que estarían incluidas causas que se puedan abrir. "Esto, sabemos, va en detrimento de muchas compañeras y compañeros que van a tener esa dificultad a la hora de cumplir con estos requisitos", apuntó Lepratti.

También pidieron que el texto refiera "trabajo sexual o prostitución", ya que la primera no es una figura legal. El cambio hubiese obligado a remitir el expediente nuevamente a Gobierno, retrasando su llegada al recinto, pero los ediles acordaron comprometerse a realizar la modificación durante la sesión de mañana, habilitando de esa manera su tratamiento. "Muchas de nuestras compañeras tienen antecedentes por resistencia a la autoridad y por otras cuestiones que además son inventadas. A la hora de la selección a muchas se nos va a complicar", planteó Jackeline Romero, de Red Diversa Positiva.

La iniciativa agrega al Consejo Asesor del Area de Diversidad como nexo entre la Municipalidad y aspirantes, planteando la participación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, y se encargaría de elaborar los planes y políticas para la capacitación, adaptación y acceso a los puestos de trabajo, ejerciendo el control sobre el correcto cumplimiento del cupo. "Con este proyecto se logra que las organizaciones de la diversidad, las que están en contacto con el territorio y con las problemáticas y la realidad de las compañeras, tengan incidencia en la elección", celebró Mendoza.