La muerte de Gerardo "Pichón" Escobar, el joven cuyo cadáver fue hallado en las aguas del Paraná en agosto de 2015, será investigada como "desaparición forzada de persona" por la justicia federal. Así lo resolvieron los jueces Guillermo Toledo, Élida Vidal y Edgardo Bello de la Sala B de la Cámara Federal de Rosario tras revocar el fallo de primera instancia del juez Marcelo Bailaque.

Pichón fue hallado muerto en el río tras estar desaparecido una semana. El último lugar en el que se lo vio con vida fue en el boliche La Tienda donde trabajaban tres patovicas y dos policías que están presos desde hace varios meses.

El fiscal general ante la Cámara, Claudio Palacín trazó una síntesis de los elementos de prueba valorados para llegar a su conclusión, que prácticamente el camarista Toledo suscribió en el fallo. Allí se mencionan los informes toxicológicos, "que demuestran que entre la golpiza dada a Escobar y el momento en que fue arrojado al río (ya sin vida), ocurre un largo período, lo cual, a su entender, permite presumir con el grado de probabilidad requerida que hubo una privación ilegítima de la libertad de la víctima". El texto agrega "la ausencia de registración en el libro de guardia de la comisaría 3ª de Rosario; la declaración de un testigo que estuvo esa noche detenido en la seccional, quien manifestó haber visto que ingresaba un chico a esa seccional, al cual no lo llevaron al penal transitorio y que después escuchó gritos". El documento indica "la existencia de un contexto de violencia institucional que involucraría al personal de la comisaría ya que no sería el primer caso que ocurre con esta sistematización de hechos".

Señala además "los diferentes peritajes médicos, que llevan a concluir que muy probablemente la muerte de Escobar haya sido causada por asfixia (con anterioridad de haberse arrojado su cuerpo al río).

En su momento Palacín, retomado en el fallo, había reseñado como "llamativo que sólo dos móviles policiales de los cuatro que se encontraban a disposición de la comisaría 3ª hubiesen podido brindar su ubicación a lo largo de esa noche". También había puesto de resalto que "del allanamiento efectuado en la casa (del patovica) Cristian Vivas, y del posterior peritaje de su teléfono particular, surgen muchos contactos con la comisaría con posterioridad a la desaparición de Escobar, poniendo énfasis en que la calidad de policía nunca se pierde", dicho por la situación de revista de Vivas informado por Asuntos Internos.

"Esperamos que ahora se pueda empezar a investigar fuertemente. Hasta el momento lo hemos hecho pero con muchas trabas porque tuvimos que discutir la competencia, lo que nos limitó en nuestro trabajo", celebró Guillermo Campana, uno de los abogados de la familia Escobar.

El letrado recordó que junto con la Fiscalía Federal se había apelado el fallo de Bailaque, quien en abril se había declarado incompetente en la causa que la jueza Georgina Depetris trasladó al fuero federal por considerar que en el hecho estuvo involucrado personal policial. "Finalmente salió la resolución que esperábamos y ahora viene el tiempo de seguir trabajando", sentenció Campana.

El camarista Toledo concluyó que "de la prueba producida hasta el presente en estos actuados, no puede descartarse en el caso la existencia de los elementos requeridos para el tipo penal de desaparición forzada de persona de la cual habría sido víctima Gerardo Escobar, en tanto se advierte la posible intervención directa de agentes estatales, la falta de información sobre los acontecimientos, especialmente en lo que respecta a la negativa a reconocer la

detención y a revelar la suerte o paradero de la persona durante el tiempo en que permaneció desaparecida, y aún después de la aparición del cadáver".