Los abogados de la cadena de supermercados Coto no dejan puerta sin golpear en Tribunales, en su afán de conseguir voltear la ley 13.441, la que obliga a sus sucursales a cerrar domingos y feriados en Rosario, igual que otras firmas deben hacerlo en una veintena de municipios santafesinos. Y si no pueden suprimirla, por lo menos, suspenderla y ganar tiempo. Mientras la puja de fondo contra el gobierno provincial y la Municipalidad sigue en trámite, ayer consiguieron la habilitación de feria para que la Cámara examine su apelación respecto del fallo con el que la jueza de primera instancia Julieta Gentile rechazó el recurso de amparo con el que pretendieron contrariar la polémica legislación.

El juez Gerardo Muñoz, miembro de la Cámara de Feria en lo que concierne al fuero civil y comercial, habilitó el tratamiento de la apelación presentada por los representantes legales del empresario Alfredo Coto, tal como estos lo pidieron ayer por la mañana.

El pedido de Coto es que la Cámara en Feria revise el veredicto de Gentile en primera instancia, el que refiere al recurso de amparo. Y Muñoz -según explicaron fuentes del tribunal- atendió lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial: que las medidas cautelares son uno de los motivos por los que los jueces deben habilitar la feria,

tomar el asunto y resolver con la celeridad que esa herramienta jurídica supone. “El juez dispuso la habilitación para que la apelación siga su curso. No quiere decir que habrá una resolución ya, todo depende de cómo se mueva la actora”, dijo la fuente consultada en alusión a la cadena de supermercados que mayor énfasis demuestra en resistir la ley.

Consultados sobre la rapidez en habilitar la feria, en sintonía con el pedido del supermercado, en Tribunales explicaron que se lo hace de ese modo porque

precisamente se trata de una medida cautelar, y debe resolverse antes de que se

produzca una definición en la causa de fondo. De lo contrario, la cautelar perdería sentido.

Coto insiste en solicitar la suspensión de la ley y de la ordenanza que los obliga a cerrar en Rosario. Los alienta un fallo judicial de Reconquista librado en mayo pasado, en el que supermercados de esa ciudad y un verdulero mayorista consiguieron una declaración de inconstitucionalidad de la ley 13441. Coto plantea que por el artículo 31° de la Constitución, la legislación nacional es superior a la normativa de provincias y municipios, y que estos deben subordinarse a ella. Por lo tanto, deducen, una provincia y un municipio no pueden intervenir en legislación laboral ni comercial, ámbitos conferidos a los poderes del Estado nacional.

La disputa de fondo ya tuvo un dictamen de primera instancia contrario a los intereses supermercadistas: la jueza Gentile sostuvo en esa oportunidad que la ley 13441 y la adhesión del municipio rosarino por ordenanza n° 9561 es constitucional. En paralelo, Coto había presentado un amparo para suspender la aplicación de la ley, y Gentile no le hizo lugar. Así mandó a todos los establecimientos con más de 1.200 metros cuadrados de superficie a cerrar los domingos. El primero -el 3 de julio- tuvo un acatamiento mayoritario, aunque las cinco sucursales del Coto y la única del Jumbo desobedecieron la ley de todos modos. Y en este fin de semana, en el feriado del 9 hubo desacatos producto de un convenio particular entre supermercados y gremio,

pero durante el domingo todas las firmas obedecieron y ninguna abrió sus puertas. No era para menos: si volvían a incumplir la ley, habilitaban al Ministerio de Trabajo a clausurarle las sucursales por diez días como sanción legal.

La causa de fondo, en tanto, sigue el mismo derrotero que el recurso de amparo.

Carrefour apeló y su planteo será revisado por la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial una vez que se reinicie la actividad judicial.

En las próximas 48 horas, la Cámara de Feria -integrada además de Muñoz, por sus

pares Ana Anzulovich (laboral) y Georgina Depetris (penal)- notificará de la apelación a las partes demandadas en la causa de fondo: el Estado provincial y la Municipalidad de Rosario, por la ley 13441 y la ordenanza 9561, respectivamente.