Cansada de esperar que la obra social Iapos reconozca sus derechos como trans, Sandy Sánchez recurrió a la Justicia para que se ordene la cobertura de las cirugías "obligatorias" en el marco de la Ley de Identidad de Género. La acción de amparo que ingresó al juzgado Civil y Comercial en feria, a cargo de Silvia Cicutto, apunta al reconocimiento de implantes mamarios y de glúteos. También, de un tratamiento para quitar la barba del rostro. En total, las prácticas médicas solicitadas tienen un costo superior a los 70 mil pesos. Los abogados Marcelo Maisonnave y Luisina Muzio, de la Asociación Civil Justicia Democrática indicaron a este diario que la magistrada corrió traslado de la demanda a la obra social para que responda por qué niega las prestaciones. "Lo que pido está establecido por ley y tengo esperanza que la Justicia falle a mi favor, porque hay antecedentes", reclamó la trans.

Sandy tiene 39 años y trabaja como no docente en una escuela de Matienzo y Viedma. Siempre se sintió una mujer, aunque hace casi dos años tiene un cuerpo más femenino, gracias a las hormonas que toma ocho veces al día. Desde principios de año, se siente preparada para el implante mamario, pero ya en febrero este diario dio a conocer su ajetreo con Iapos. Por aquellos días, le respondieron que tales prácticas son gratuitas en los efectores de salud pública; pero ella entiende que al estar afiliada a una obra social, ésta debería cubrir la operación en el sector privado. "Si en esta sociedad no es sencillo ser mujer, mucho menos lo es ser trans", lamentó.

Sancionada en 2012, la ley 26.743 "ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Plan Médico Obligatorio (PMO) para garantizar una cobertura de las prácticas en el sistema público y privado". Incluso, en mayo del año pasado, se reglamentó el artículo 11 por el que se "puede acceder a las intervenciones quirúrgicas, totales y parciales, y tratamientos integrales hormonales".

La respuesta que le dieron desde el Iapos, en enero pasado, fue que "la provincia implementó servicios especializados en el Hospital Centenario y en el de Granadero Baigorria, (por lo que) debe dirigirse a dichos prestadores para su atención".

En esa instancia intervino también el subsecretario de Políticas de la Diversidad Sexual provincial, Esteban Paulón, que presentó notas de recomendación al Iapos, para que cumpla lo establecido en la normativa. "Este caso puede resultar testigo para que las obras sociales acaten la ley sin el trámite judicial", se esperanzó el funcionario, por aquellos días. Ayer indicó que "la mayoría de los pacientes se atienden en el sistema público, tengan o no obra social; pero cuando se requieren prácticas quirúrgicas Iapos necesita una derivación. Con Sandy íbamos a estrenar este sistema, pero ella nos dijo que iba a ir a la Justicia. Aunque con esa instancia se resuelve solo su cuestión. Respetamos su decisión; pero, nosotros apuntamos a que Iapos cubra estas prácticas que ya están garantizadas en el sistema público provincial".

En la Justicia hay al menos cuatro antecedentes de resultados favorables para los demandantes. "No queríamos llegar a esto, porque nos habían prometido que se iba a resolver, pero la última vez que fui a Iapos me dijeron que me iban a llamar; pasaron los meses y no obtuve respuesta", lamentó. "Siempre nos responden que el caso está en estudio", agregó su abogado.

La trans quiere operarse los glúteos, las mamas y hacerse láser en el rostro para no tener barba. Mientras tanto, toma las hormonas que brinda el Estado de manera gratuita, ocho veces al día, y con ello logró verse más femenina. "Con más de seis pastillas de estrógeno diario se genera un desequilibrio que deprime y afecta la salud. Hay chicas que terminan inyectándose metacrilato o cualquier cosa por cinco mil pesos. Por eso la esperanza de vida es baja (no más de 35 años)".

En cuanto a las idas y vueltas desde el Estado, Sandy se quejó: "Finalmente es lo mismo, los fondos y la responsabilidad son del Ministerio de Salud provincial".