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El juez federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó con prisión preventiva al ex jefe de la Delegación local de la Policía Federal, Juan Dib, por secuestros y desapariciones producidas durante la primera quincena de agosto de 1976, que tuvieron como víctimas a treinta militantes del PRT-ERP, más el embargo de los bienes del imputado por 4,5 millones de pesos.

La información fue dada a conocer por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villate. El organismo destacó que el juez compartió la hipótesis de la Fiscalía sobre "la existencia de un plan de exterminio de integrantes del PRT-ERP", cuyas víctimas fueron alojadas en su mayoría en el centro clandestino de detención Quinta Operacional de Fisherton, ubicada en Mendoza al 8300.

De acuerdo con las pruebas recogidas en la investigación, los procedimientos fueron ejecutados por fuerzas conjuntas, integradas por miembros del Ejército pertenecientes al Destacamento de Inteligencia 121 y por policías federales que revistaban en la delegación Rosario.

Dib ya cuenta con una condena a siete años y medio de prisión por su intervención en la retención y el ocultamiento de Pablo Athanasiu Lascan, el nieto recuperado número 109, a quien entregó a uno de sus subordinados.

El procesamiento dictado por Bailaque indica que Dib resulta responsable, en carácter de partícipe necesario, de 25 hechos de privación ilegal de la libertad, 24 de los cuales se consideran agravados por mediar violencia y amenazas, dos casos de tormentos, uno de apremios ilegales, 27 homicidios calificados y también del caso de la sustracción de una menor de diez años y su supresión de identidad. Todos esos delitos, indicó el juez, fueron perpetrados en el marco de una asociación ilícita en la que el ex policía intervino en carácter de coautor.

La Unidad Fiscal de Rosario informó que sólo una de las víctimas adultas sobrevivió a esos procedimientos y que, salvo los casos de tres cuerpos hallados, todas las demás permanecen desaparecidas. La mayoría de las víctimas fueron secuestradas en la primera quincena de agosto de 1976. Otros dos secuestros se produjeron en septiembre y octubre de ese mismo año.

El juez indicó en el procesamiento que "teniendo en consideración el grado y funciones de responsabilidad" que tenía Dib "resulta probable" que "el imputado tuviera participación en los ilícitos que aquí se le imputan, que materialmente fueran cometidos por sus subordinados o, en definitiva, dependientes de algún modo de él".

Bailaque remarcó que los crímenes que se investigan "no son el producto de la errática y solitaria decisión individual de quienes los ejecutaron", sino que "fueron llevados a cabo a través de la compleja gama de factores (hombres, órdenes, lugares, armas, vehículos").