Sin anuncios ni declaraciones, y con un dilema a resolver y contestar cuanto antes si quieren la ayuda de Nación en materia de seguridad pública: no habrá ninguna nueva invasión de gendarmes, como pretenden, sino una intervención directa del gobierno en el territorio santafesino porque -así lo entienden- el principal problema que tiene la provincia es su policía, y su íntima relación con el delito. Con eso volvieron Miguel Lifschitz y Mónica Fein de su reunión de ayer en Buenos Aires con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Eso, y no otra cosa, le habrán dicho al despedirlos.

Si fuera por las gacetillas oficiales que autorizaron el gobernador y la intendenta, tres horas de mesa compartida se fueron en un "diagnóstico general sobre la violencia e inseguridad" y algo parecido a la intención expresa de "avanzar hacia un trabajo en común, con acciones coordinadas y conjuntas". Pero lo que no quisieron revelar es el plan que Bullrich les bajó, y que se trajeron en una carpeta con la misión de pensarlo y responder la semana próxima.

Nada hubo en concreto sobre refuerzos de gendarmes para Rosario y alrededores, como tanto se discutió aquí durante las últimas semanas, al ritmo de una escalada de asesinatos y robos estridentes.

Los visitantes salieron por una puerta secundaria del Ministerio de Seguridad y desairaron a los periodistas que los esperaron. La posición del gobierno de Mauricio Macri fue irreductible y le privó a Lifschitz y a Fein del anuncio esperado. Por fuera, alrededor de estos luego intentaron entusiasmarse con que al menos "hay decisión política de trabajar en conjunto, con un comando unificado", pero nada más.

Una fuente del Ministerio de Seguridad nacional aseguró a Rosario/12 que los funcionarios nacionales atajaron a los santafesinos y su pedido de gendarmes a granel. "Se les dejó en claro que no vamos a hacer un desembarco como hizo el gobierno anterior, para que después no se pueda sostener y pase lo mismo de antes. Lo que proponemos es un plan integral, con mayor control del gobierno nacional sobre la situación en Santa Fe, y con funcionarios del Ministerio de Seguridad nacional establecidos de manera permanente en Santa Fe para seguir de cerca el proceso", reveló la fuente.

La primera coincidencia de la reunión es que la Policía de la Provincia de Santa Fe es parte del problema y no de la solución. Por eso el plan de Bullrich impone que la Casa Gris deberá aceptar sin chistar que los federales realicen procedimientos sorpresivos, sin aviso previo a ninguna autoridad provincial. "Ya pasó otras veces que cuando había presencia federal en el norte, el delito se corría al sur y así. Hay que ir al hueso, aunque caigan comisarios, funcionarios o jueces", se cebó el portavoz que pidió reserva de su nombre.

De acuerdo con esta versión, Lifschitz quedó preocupado pero coincidente con el diagnóstico. "Ellos se llevaron el plan. Quedaron en responder, si aceptan, la semana próxima firmamos, pero sepan que no habrá desembarco de gendarmes. Lo que habrá es un plan integral y sostenido de seguridad", recalcó.

Por el lado del gobierno provincial, trascendió que la comitiva -también estuvo el ministro Maximiliano Pullaro y la diputada Alicia Ciciliani- puso el acento en solicitar al gobierno nacional que tome a su cargo las funciones de prevención y combate de los delitos federales en territorio provincial. Que sus agentes se aboquen a las investigaciones sobre narconegocios ya iniciadas, que controlen el contrabando de drogas por río, aire y rutas, y que sumen más juzgados federales para agilizar esa dinámica y las causas penales de narcotráfico sin resolución.

"Hicimos un diagnóstico general de la situación de violencia e inseguridad en la ciudad de Rosario y en el resto de la provincia de Santa Fe, analizando las posibilidades de trabajo conjunto, las distintas alternativas para encontrar soluciones duraderas. Vamos a avanzar hacia un trabajo en común", dijo Lifschitz a sus voceros, y lo transcribieron en un comunicado. "Quedó en claro en la reunión que hay que abordar esta problemática de manera común, coordinada y en un esfuerzo compartido para lograr soluciones definitivas", recitó el titular del Ejecutivo.

Los dueños de casa, en tanto, aprovecharon para mostrarse distintos a los funcionarios de Seguridad en tiempos de Cecilia González y Sergio Berni, durante el kirchnerismo, y de hacérselo decir a sus visitas. "Tanto el Ministerio de Seguridad como la gobernación de Santa Fe entienden que los parches son un maquillaje que no resuelven la problemática de fondo y que la estrategia conjunta debe ser atacarla en profundidad", dijo Bullrich. Y su secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, amplió: "Creemos, sin ninguna duda, que no se puede volver a sistematizar parches que no han resuelto los problemas del pasado". Lo dicho aludió al manejo que hizo el kirchnerismo de la crisis de seguridad en Rosario y los envíos de gendarmes desde 2014. A eso la diputada Ciciliani le agregó: "Hay un cambio sustantivo de actitud. Se terminan los parches en la política nacional de seguridad y se alinean todas las fuerzas para luchar contra el narcotráfico", alabó la socialista. Y un operador del gobierno interpretó igual: "Antes, con Berni, no había interacción y las medidas eran inconsultas, sin comando unificado. Ahora parece que será distinto", se ilusionó.

De acuerdo con el relato vertido desde Buenos Aires, la mentada coordinación entre ambos estados sería, en la práctica, algo menos propio de una gestión compartida y más parecida a una intervención.