Con el mismo argumento que utilizaron los vecinos del sudoeste de Rosario para lograr, a mediados del 2003, la clausura del basural Gallego III, una organización ambientalista de San Lorenzo pidió el cierre del relleno sanitario de Ricardone donde se depositan las más de 700 toneladas que producen a diario los rosarinos. La ONG Amigos de la Costa presentó, en el marco de la Ley 10.000 de intereses difusos una medida cautelar ante la jueza Liliana Pasquinelli reclamando que en un "plazo razonable" la Municipalidad deje de utilizar la planta Resicom por la contaminación ambiental que ésta genera. Si la magistrada hace lugar al planteo, el gobierno local se quedará sin terreno para la disposición final de los residuos domiciliarios. "Pedimos además un aseguramiento de pruebas: que la Justicia examine el agua y la tierra de la zona para corroborar lo que denuncian los vecinos", comentó Eduardo Aguirre, uno de los integrantes de la entidad no gubernamental. Aguirre recordó que la Defensoría del Pueblo de Santa Fe advirtió meses atrás a través de una resolución sobre los efectos nocivos que genera sobre la población la actividad de Resicom. "Si bien ya hubo otras presentaciones judiciales ahora hay más elementos que nos permiten ser más optimistas sobre el cierre definitivo del relleno", agregó el denunciante.

La Municipalidad de Rosario firmó a fines del 2004 un convenio con la comuna de Ricardone y con la empresa Resicom para trasladar al relleno sanitario de esta firma la basura que produce a diario la ciudad. Lo hizo tras el cierre de Gallego III, en el camino viejo a Soldini, dispuesto por la Justicia a raíz de las quejas de los habitantes de la zona por los efectos contaminantes del basural. En su momento el municipio hizo gestiones con otras localidades del Gran Rosario, entre ellas Alvear, pero la Secretaría de Medio Ambiente provincial la impugnó por razones técnicas.

Desde que Rosario empezó a trasladar a Ricardone su basura, aparecieron las denuncias de los vecinos de esta localidad por el olor nauseabundo y la contaminación de agua, suelo y atmósfera en la zona. Los lugareños cuestionaron a las autoridades comunales por haber permitido la ampliación de la planta, "que hoy recibe 800 mil toneladas mensuales cuando inicialmente se hablaba de 80 mil", según precisó Aguirre.

En el contrato suscripto entre el intendente Miguel Lifschitz y el gerente de Resicom, Angel Marcelo Valderrey sólo se estableció el mínimo de tonelaje a depositar: 8000 toneladas mensuales. El precio pautado: $28,50 más IVA por tonelada depositada.

La asociación Amigos de la costa, que el año pasado logró a través de un reclamo judicial que la Secretaría de Medio Ambiente intensifique los controles en el río Paraná, frenando así la mortandad de decenas de peces (particularmente la especie armado), volvió semanas atrás a la Justicia para exigir el cierre progresivo del relleno de Ricardone.

"No estamos pidiendo el cierre inmediato, sino que se fije un plazo razonable, no muy extenso para la Municipalidad de Rosario encuentre un lugar apto alternativo", explicó Eduardo Aguirre en diálogo con Rosario/12.

El denunciante reconoció que anteriormente otros magistrados rechazaron las impugnaciones contra el relleno de Resicom argumentando que prevalecía el derecho a la salud pública", ya que de no tener Rosario un lugar para depositar su basura, ello implicaría un daño sanitario aún mayor. "Pero ahora hay elementos novedosos como el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que fue muy contundente", acotó Aguirre.

En marzo de este año, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe advirtió, basándose en estudios realizados por profesionales de la Universidad Nacional del Litoral, que "existe contaminación del agua potable con riesgo para la salud y el ambiente de los vecinos del relleno sanitario de Ricardone". Según el ombusman, Carlos Bermúdez "la causa material y eficiente de la contaminación es consecuencia de (la planta) Resicom". El organismo provincial recomendó a Medio Ambiente la "inmediata elaboración de un plan de remediación de la contaminación del agua para el consumo y la adopción de medidas cautelares urgentes para controlar la situación".