Organizaciones políticas y sociales de Rosario avanzaron ayer en la conformación de una Mesa Social, que tiene como principal objetivo declarar la emergencia social en la ciudad. Por tal motivo, solicitaron de "manera urgente" audiencias con el gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta Mónica Fein, las autoridades responsables del Ministerio de Desarrollo Social nacional en la ciudad y de la provincia de Santa Fe. El pedido también incluye al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, por la problemática de la inseguridad. "Queremos plantearles las cosas que están sucediendo en los barrios, y también saber qué planes tienen debido a esta emergencia social", dijo a Rosario/12, Alejandra Fedele, responsable territorial del Movimiento Evita. De no mediar una respuesta, las organizaciones advirtieron que realizarán distintas acciones --ollas populares, piquetes, y movilizaciones-- para que las propuestas lleguen a las autoridades. Todos coincidieron en plantear que la solución a la emergencia social "va de la mano de las políticas públicas, no con represión ni con palos".

Conocedores de primera mano, a partir de sus trabajos en el territorio, del gran crecimiento de la pobreza e indigencia en la ciudad, la Mesa Social Rosario se presentó ayer en la sede de La Bancaria. Allí señalaron que la actual situación "se funda en las políticas económicas de los últimos diez meses, pero también en la ausencia cada vez mayor de los estados nacional, provincial y municipal". Las organizaciones quieren poner el tema en agenda, pero que sea más abarcativa, con políticas que apunten a la inclusión, el desarrollo, el empleo, y que no tengan solamente que ver con la represión.

"Estas ausencias ponen y exponen a nuestra comunidad a la actual situación de inseguridad, flagelo que llevó a Rosario a ser una de las más complejas e invivibles de la región, con un grado altísimo de violencia instaurada en todos los barrios, producto de la desocupación, despidos de trabajadores, caída general de salarios, inflación, trabajos en condiciones precarias, jóvenes sin propuestas laborales y sin contención social y narcotráfico", abundaron.

Si bien desde la Municipalidad advirtieron que en los últimos meses incrementaron la asistencia social en los barrios, Fedele dijo que "no están asistiendo, no se han implementado ni comedores ni copas de leche que desde diciembre del año pasado ha sido una gran demanda, inclusive se han incrementado en los colegios". La dirigente del Movimiento Evita fue más allá al señalar que "la situación es preocupante porque en los barrios se habla de una posibilidad de un estallido social".

Según Fedele, el Estado debe sentarse con las organizaciones sociales que están en los barrios y conocen la realidad. "Queremos poder transmitir eso y poder coordinar políticas, queremos saber cuáles son las políticas que el Estado va a desarrollar debido a esta demanda y a esta crisis", agregó la dirigente barrial. El pedido incluirá que se firme un convenio con la Nación para retomar algunos planes, como el Argentina Trabaja, con la intención de que las cooperativas barriales rosarinas puedan empezar a trabajar.

El dirigente de Iniciativa Popular, Oscar Urruty, marcó como antecedentes recientes las movidas de trabajadores y pequeños y medianos comerciantes e industriales que se unieron para enfrentar las consecuencias de las políticas del gobierno nacional, como el Movimiento Sindical Rosario (MSR) y a la Multisectorial contra los Tarifazos, y celebró la conformación de la Mesa Social: "Era la pata que faltaba para tratar de resistir y llevar propuestas alternativas al modelo imperante hoy en el país, para bajar los niveles de desigualdad".

La Mesa Social Rosario está integrada, entre otros, por Movimiento Evita, La Cámpora, Iniciativa Popular, Descamisados, Frente Social desde Abajo, Partido del Progreso Social, CTA de los Trabajadores y Centro de ex Combatientes de Malvinas.