En un fallo que pretende concientizar sobre las consecuencias de festejos estudiantiles durante el "último primer día de clases", la jueza de Menores, Gabriela Sansó, reclamó que la sociedad y los padres se involucren contra los desmanes. "Desde donde lo miremos, considero que hay una responsabilidad parental", dijo la magistrada, quien aprovechó un caso particular de marzo pasado, para alertar e instar a autoridades provinciales, locales y a la sociedad civil en su conjunto a elaborar un plan que ponga fin los disturbios ocasionados por alumnos de secundaria en los festejos que son tradición desde 2003. En el caso particular, un alumno fue declarado no punible, por ser menor de edad, pero hubo una mediación para reparar los daños provocados en la calle y en el colegio Maristas, donde el grupo del colegio Sagrado Corazón realizó pintadas. También se festejó con alcohol y bombas de estruendo.

El 7 de marzo pasado, unos cincuenta estudiantes de quinto año participaban de los festejos que terminaron en desmanes. Durante la noche habían alquilado un local en el que hubo más chicos de los permitidos, alcohol y destrozos. Incluso, uno de ellos golpeó a la dueña porque no quería que una luz esté apagada. El dueño del establecimiento los echó. De allí se trasladaron a la zona de Oroño y Rioja, donde continuaron los festejos tirando bombas de estruendo y realizando pintadas en la vía pública y sobre todo en el colegio Maristas. En ese contexto, un chico fue detenido.

En su resolución, la jueza hace referencia al papel del colegio, de los padres y del Estado en relación a este tipo de festejos. Respecto del colegio, reconoció que la institución realizó diversas acciones de prevención y concientización para proteger a los adolescentes, pero pese a esto no logró desarticular las prácticas, consideró que "es obvio que el colegio no puede hacerlo solo". Así, involucró a los padres, quienes, pese a tener conocimiento de la modalidad del festejo, se encargaron de contratar el salón, darles dinero para comprar alcohol, pintura y pirotecnia, y permiso para ir sin importar que no haya un adulto para supervisar al grupo.

Sobre el Estado, dijo que "el reconocimiento de la realidad es el punto de partida para la constitución de instancias institucionales que contribuyan a una definición y solución del problema, siendo necesario mecanismos de diálogo entre todos los actores involucrados". Por ello, ordenó que se dé intervención a la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia para que convoque a los demás actores sociales a que "se articule interministerialmente e interdisciplinariamente", un plan para alcanzar una solución definitiva.

Sansó dijo a la prensa que a partir del caso, investigó las consecuencias de la ingesta de alcohol, el uso de pirotecnia y demás cuestiones que rondan en los festejos. "Hay chicos que festejan de otro modo; pero me parece que hay algo que hacer en cuanto a que en este caso los padres sabían del alcance de la fiesta y aportaron al alquiler del salón y compras de elementos. Si se prueba que hubo gestiones positivas, podría analizarse penalmente, pero debe hacerlo el Ministerio Público de la Acusación", dijo.