No pasará mucho tiempo hasta que la investigación que sacudió a la opinión pública el miércoles luego de una veintena de allanamientos y una decena de detenciones tenga un nombre propio que la designe. Los aprontes periodísticos giran en torno a "los guantes blancos" o "el cuello blanco", otros la tildan como "la gran estafa", o "alta suciedad". Y no sólo por las maniobras de los conocidos imputados, que fueron detalladamente descriptas y publicadas por un buen número de medios; sino por las implicancias políticas que trajo aparejada la presencia de los últimos dos ministros de Justicia de la provincia predecesores del actual formando parte del staff de abogados defensores de quienes fueron acusados por el fiscal Sebastián Narvaja de falsificación de documentos, estafa, lavado de activos y asociación ilícita. En efecto, la confirmación de Héctor Superti como abogado de Jorge Oneto y de Juan Lewis asistiendo a Luis María Kurtzemann y Juan Bautista Aliau, traspuso el terreno estrictamente judicial y se proyectó al ámbito de la política, donde ni la rapidez de reflejos del presidente del bloque de Diputados del Socialismo, Rubén Galassi que echó por teléfono a Lewis el jueves a la noche ni la tardía renuncia de Superti como asesor del Presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, lograron atemperar el impacto en el gobierno, que hasta ese momento pensaba en capitalizar los avances de la justicia en medio de un campo minado de denuncias por complicidades o inacción que lo acorralaron el los últimos tiempos. Casi todos los integrantes del partido del gobierno y del Frente Progresista, salieron a cuestionar la conducta ética de los antiguos ministros. Casi todos, porque Hermes Binner y Antonio Bonfatti precisamente quienes le tomaron juramento dijeron ni una palabra. No así el actual gobernador, Miguel Lifschitz que no ahorró críticas, despegó su gestión de ambos letrados y mando a los periodistas a "preguntarle a Bonfatti" por los asesores dados de baja. "El daño ya está hecho" dijo Galassi el viernes a primera hora cuando ya era vox populi que los Ministros defenderían a los imputados. Y es exactamente así. Más aún, la permanencia en sus roles de defensores que en el caso de Lewis explicó a partir de relaciones personales de años de estudiantes, y Superti ni se tomó el trabajo de especificar seguiría complicando al gobierno socialista u obligará a Lifschitz a sobreactuar el distanciamiento de sus predecesores, en especial de Bonfatti, con quien mantiene diferencias internas desde antes de este incidente.

No le será fácil al gobierno hacerle entender a la opinión pública que Lewis era el ministro de Justicia cuando se inició esta investigación hace dos años y que eso no es moralmente violento. Por más que Lewis haya sido defenestrado ahora por su antiguo colega de gabinete. Lo mismo que Superti, que impulsó este sistema procesal penal que en la audiencia imputativa chicaneó al fiscal por el uso del vocablo "fronting" como si no supiera de qué se trata, y que además sigue siendo el abogado de Bonfatti aún cuando ya ni pase por caja en la Legislatura como asesor . A esta altura, en el entorno de Lifschitz se preguntan con qué necesidad se dio conchavo a ex integrantes de gabinetes cuando en términos prácticos es altísimo el costo político por prestaciones intrascendentes. Visto desde la óptica de los asesores despedidos, cabe preguntarse si hay algún otro elemento que la remuneración legítimo, por cierto que los haya llevado a aceptar el cargo en la legislatura, en primer lugar, y luego a tomar la defensa en una causa de esta magnitud y de imprevisibles ramificaciones.

Los más críticos, no cuestionan esto únicamente, se interpelan sobre la pertinencia de nombrar en el gabinete a figuras de reconocido nivel académico y/o técnico pero sin el más mínimo compromiso político ni ideales que definen a un gobierno.

Los que caminan tribunales desde hace años mucho antes que los 8 en los que fueron ministros Superti y Lewis no sólo no se sorprenden sobre todo por Superti sino que creen que las cosas han vuelto a su quicio ya que lo atípico es que haya sido ministro y no la actual situación. "No es Eugenio Zaffaroni ni León Arslanian, que son penalistas pero tienen posiciones claras a lo largo de su carrera" se lamentaba un dirigente de primera línea del Frente Progresista que cree que el perfil del actual ministro Ricardo Silberstein en cuanto a su pertenencia de clase es "bastante parecido, aunque por suerte no hace derecho penal" se esperanzó.

En la vereda de enfrente, el fiscal Narvaja es conocido en tribunales por su bajo perfil, su alto nivel académico y su laboriosidad. Es pampeano y discípulo de Alberto Binder un prestigioso jurista, experto en derecho penal y procesal penal. El soporte del Fiscal General Ricardo Baclini de sobrada experiencia en el trabajo de campo. Según una alta fuente de la justicia santafesina, se trata de "un equipo equilibrado, balanceado, que seguramente ha recabado pruebas lo suficientemente sólidas como para no trastabillar".

Después de las cinco horas de la audiencia imputativa, en la que se aportaron cantidad de elementos con precisión y firmeza, se sabe que hay horas de escuchas telefónicas de todos los imputados, que hasta el momento permanecen detenidos en el mismo lugar la subcomisaría 24 al que concurren visitas, le llevan comidas y bebidas y cuentan con la asistencia de los agentes de custodia. Hasta el momento, los diez detenidos en primera instancia compartían la habitación, a la que se sumará Pablo Abdala tras la imputativa de las próximas horas y se espera la detención de Tránsito Retamar para completar los 12 requeridos por la justicia.

Según fuentes tribunalicias, pasado mañana se conocerán los procesamientos por diferentes delitos, siendo el de "asociación ilícita" el factor común y el que por tanto sería determinante a la hora de posibilitar o no las excarcelaciones. Más allá de la pena prevista para ese delito que para algunos jurista lo transformaría en no excarcelable el temperamento de los jueces en la actualidad hace eje en dos cuestiones para denegar la excarcelación. Por un lado el peligro de fuga y por otro el entorpecimiento de las investigaciones que podría provocar un sujeto que ya no esté preso. A eso hay que agregar los diferentes niveles de responsabilidad tipificados en el código ya que no es lo mismo participar que ser organizador o jefe de la banda.

La fiscalía esbozó un esquema de funcionamiento de las celular delictivas, pero no individualizó si bien dio indicios de quien o quienes serían los máximos responsables. Del mismo modo que dejó expuesta la vinculación con la narcocriminalidad que subyace en la causa más allá de que no todos pudieran estar implicados en ese punto.

Tanto en los ambientes políticos como empresariales, y más allá de las amistades de los imputados se presume que un operativo de semejante envergadura que afecta a tamaños intereses cuenta con un cúmulo de pruebas que lo hace irrevocable. Sin embargo y ese es el reproche principal hacia los ex ministros el caso aparece atravesado por cuestiones políticas, sociales y hasta mediáticas. El "tráfico de influencias" que se ejerce en los tribunales, en esta causa esta elevado a la enésima potencia. Hay muchos empresarios y profesionales, magistrados, dirigentes políticos y personas de las más diversas actividades que están preocupados por saber hasta donde puede llegar la causa. Se prevén nuevas medidas y procedimientos, una vez que declaren los imputados que pueden derivar en nuevas detenciones.

El nuevo sistema, permitirá que se sepa todo, ya no hay lugar para expedientes durmientes. Se trata de una oportunidad sin precedentes. Lo que resta esperar es que a la dama de la balanza no se le corra la venda.