"La investigación está parada; la lucha, no". Con esa consigna como bandera, la Multisectorial de justicia por Gerardo "Pichón" Escobar realizará hoy una vigilia, a la espera de la audiencia de apelación al sobreseimiento y libertad de cinco imputados en la causa que investiga la muerte del joven de 23 años, hallado en el río Paraná. Desde las 19, en la Cámara Penal de los Tribunales Federales de Entre Ríos 435, habrá actividades culturales con artistas invitados y una cena a la canasta. "No a la impunidad", reclaman. Para los abogados querellantes, el fallo del juez Marcelo Bailaque es "arbitrario" y tiene "omisiones groseras" sobre la prueba presentada. Pedirán que se revoque su decisión y que se aparte al magistrado de la investigación.

A casi dos meses de la liberación y sobreseimiento de tres patovicas y dos policías que trabajaban como seguridad del boliche La Tienda, la madrugada del 14 de agosto de 2015, cuando Escobar desapareció durante una semana para después ser hallado sin vida en el río Paraná, el fallo será revisado por los camaristas Guillermo Toledo, Elida Vidal y Edgardo Bello, los mismos que consideraron que la causa debía pasar al fuero Federal, como desaparición forzada.

Tras la muerte de Gerardo, cinco personas estuvieron presas durante un año. La teoría del caso para la querella es que tras salir del boliche, Pichón fue golpeado por uno de los patovicas, Cristian Vivas, y luego subido a un auto para ser trasladado a la comisaría 3º -con la que tendrían contacto todos los guardias de seguridad del boliche-, donde lo metieron sin registrar su ingreso, lo golpearon y luego lo arrojaron al río, ya sin vida. Tras un año de investigación, Bailaque recibió la causa y los desvinculó de los hechos que les fueron imputados.

Escobar era empleado de la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad y fue hallado muerto en el río Paraná el 21 de agosto de 2015. Lo habían visto con vida por última vez una semana antes en la puerta del boliche La Tienda, de Tucumán al 1100, donde al salir fue golpeado presuntamente por uno de los custodios del lugar, según los registros de las cámaras de vigilancia de la zona. Pero tras esa secuencia, nada más se vio. La querella sospecha que hay imágenes que fueron "editadas", y tiene fuertes indicios de que el muchacho fue trasladado a la seccional 3º, donde hay presos que lo mencionaron y escucharon golpes a un recién detenido.

En los primeros momentos, la investigación estuvo a cargo de la justicia provincial, donde los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria imputaron a Vivas por el homicidio y a los otros custodios (César Ampuero y José Luis Carlino; y los policías Luis Noya y Maximiliano Amiselli) por encubrimiento.

Ante la fuerte sospecha de actuación policial en el caso, la familia de Pichón reclamó que sea la Justicia Federal la que lleve adelante la investigación como una desaparición forzada.

En agosto, Bailaque tomó la causa y la defensa de los imputados pidió rápidamente la libertad de los acusados. Así, el magistrado resolvió el sobreseimiento cuestionado porque el magistrado "hace consideraciones parciales e infundadas, omitiendo datos", dijo el abogado Salvador Vera.

Por otro lado, Vera dijo que "se está buscando la pericia que llegó del FBI sobre el teléfono de Escobar, porque no lo encuentran".