La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) exigió ayer la detención del ex capellán policial durante la última dictadura, Eugenio Zitelli. Sus abogadas repitieron el pedido tras la decisión de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal de ordenar al Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario una nueva resolución del caso "con la celeridad y los resguardos que el caso impone". El fallo también conlleva una llamado de atención a los tribunales inferiores ya que refiere claramente que "las cuestiones que se suscitan en las causas deben resolverse teniendo en cuenta las circunstancias presentes al momento de la deliberación y no las que imperaban al tiempo de su interposición". La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario había resuelto esperar la última decisión de la Casación para definir la libertad o la prisión del clérigo.

La APDH solicitó la inmediata detención del ex capellán en el marco de la tercera elevación a juicio oral de la megacausa Feced. Cabe recordar que la Cámara de Rosario revocó la excarcelación que gozaba el procesado represor, por lo que, en el mes de abril, las abogadas Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini y Luciana Censi solicitaron al TOF Nº 2 que lo detenga inmediatamente.

En su oportunidad, el TOF Nº 2 resolvió esperar hasta tanto la Cámara Nacional de Casación Penal se expidiera al respecto, a pesar de que la misma ya había advertido que la peligrosidad de Zitelli no había sido correctamente evaluada.

Finalmente, Casación dejó sentado que el TOF debió resolver en su oportunidad, al tiempo que rechazó el recurso de la defensa de Zitelli.

"Entendemos que resulta urgente la necesidad de dictar la prisión preventiva de Zitelli, considerando las circunstancias señaladas por los camaristas y sin soslayar que la Cámara Federal de Rosario revocó la excarcelación de Zitelli, y que Casación rechazó el recurso interpuesto por ante ella por la defensa del reo", destacaron las letradas.

Las profesionales tampoco dudaron en señalar que "la peligrosidad de fuga del encartado aumenta exponencialmente con la cercanía del juicio oral y la inminencia de la probable condena penal que recaerá sobre el mismo".

Destacaron que el sacerdote "posee los medios necesarios para profugarse y ha permanecido impune por cuatro décadas gozando de la protección de la Iglesia a pesar de las numerosas denuncias realizadas por ante esa institución por sus víctimas, todas documentadas en la causa".

Para las abogadas querellantes "las víctimas han esperado demasiado tiempo para acceder a un juicio, como para poner en riesgo la realización del mismo respecto de Zitelli en las puertas de la audiencia oral".

Las querellantes advirtieron sobre una posible maniobra de la defensa: la detención domiciliaria de Zitelli. "Esta solo podrá aplicarse solo en casos de gravísimas situaciones de salud, debidamente acreditadas mediante junta médica con control de partes. Caso contrario --advirtieron-- cumplir la prisión en la comodidad de un hogar no sólo transformaría en una mera formalidad la orden de Casación y el consecuente Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, sino que violentaría, a nuestro entender, la normativa protectora".