Tras una semana dedicada a la presentación de apelaciones contra la prisión preventiva de nueve imputados en la megacausa por estafas inmobiliarias y lavado de activos, la Cámara Penal deberá poner fecha a una nueva audiencia en la que se revisará la decisión de la jueza Mónica Lamperti. Así, los once imputados volverán a sentarse en el banquillo de los acusados "de guante blanco", para reclamar su libertad en el proceso que enfrentan bajo la figura general de asociación ilícita. En tanto, algunos de los abogados defensores plantearon que sus clientes pretenden hacer nuevos descargos, esta vez ante un juez de la Alzada, que deberá ser sorteado para presidir la audiencia de los próximos días. Al mismo tiempo, se espera que un nuevo profesional se presente formalmente para representar al agente bursátil Jorge Oneto, quien fue defendido por el ex ministro de Justicia, Héctor Superti, hasta que decidió renunciar para no perjudicar al imputado ante las críticas del gobierno socialista. Otra audiencia deberá fijarse para tratar el pedido de la provincia de constituirse en querellante, en el expediente que tienen seis hechos en investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Con las apelaciones de todos los imputados a las prisiones preventivas dictadas por Lamperti, esta semana la Oficina de Gestión Judicial de segunda instancia deberá fijar fecha para una nueva audiencia oral y pública en el marco de la causa que tiene a nueve acusados en prisión preventiva (por 30 y 60 días), y a otros dos en libertad bajo fianza, con restricciones. La fecha deberá ser previa al 12 de noviembre, ya que ese día vence el primer plazo.

Según indicaron las defensas consultadas por Rosario/12, todas están abocadas a reunir pruebas para refutar la teoría fiscal en la que se fundan las acusaciones por delitos de estafa, defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita, ya que el fiscal Sebastián Narvaja sostiene que los acusados formaban parte de una red para realizar estafas inmobiliarias, pasarlas de mano en mano mediante ventas con montos irrisorios, y así lograr que las propiedades entren al circuito con precios más elevados. Al mismo tiempo, la Fiscalía acusó a varios de los imputados por el delito de lavado de activos, incluso con bienes provenientes de la narcocriminalidad, cuestión que para los letrados "habrá que probar fehacientemente". Incluso, en estos días la Fiscalía también trabajaba en reforzar los elementos de prueba con evidencias obtenida de más de una veintena de allanamientos realizados el 12 de este mes; y otros seis del 20 de octubre.

En ese sentido, Carlos Varela, abogado de los imputados Jorge Jaef dueño de la clínica de implantes dentales y Leandro "Lelo" Pérez, quien era titular de La Reina Automotores, adelantó a este diario algunas de las cuestiones que plantearán en la próxima audiencia como agravios. "La resolución sobreestima indicios de la Fiscalía, maniqueamente. Hay cuestiones que deberían ser interpretadas de manera diferente. De las propias transcripciones de escuchas debió interpretarse que apenas surge el problema o anoticiamiento de que la propiedad de Villa Amelia tiene una irregularidad, empiezan a pelearse entre ellos, por lo que desaparece la intención de estar agrupados. En relación al tema del lavado, queremos decir que eso tiene más que ver con otros delitos que con la venta de un inmueble, de un solo inmueble por el que mis clientes están acusados. Se pretendió hacer creer que tienen una banda para cometer delitos indeterminados. Resulta incoherente pensar que personas que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en negocios lícitos, con éxito desde hace años y que por eso se hicieron millonarios, tengan por la noche un plan delictivo para cometer delitos con bienes inmuebles. Nuestros clientes, como la propia denunciante, fueron víctimas. El error más grande de la jueza fue haber confundido su rol con el pensamiento y la teoría de la Fiscalía, al punto tal que no separaron las responsabilidades eventuales que tienen los imputados. Creo que hay dos grupos bien claros: los que participan de una falsificación de la firma de la señora Ana Josefina Luppi (en el caso que agrupa a la mayoría de los imputados), como los escribanos que tendrán que responder por su conducta; y otro grupo en el que están los últimos eslabones de lo que fue la compra sucesiva de este inmueble rural. No se le puede achacar nada al hoy titular registral, ni a los anteriores", dijo. Y consideró que Lamperti, "caprichosamente dejó en libertad a personas que estaban en la misma situación procesal o más gravosa que las de algunos que aún están detenidos". También indicó que Jaef y Pérez están detenidos en la comisaría sub 24 "con toda la lesión a su buen nombre y honor, y con lo que ello significa la afectación al mundo de los negocios en los que se desenvuelven". Sobre la sindicación con la banda narcocriminal de Los Monos, el abogado dijo: "No tienen ningún tipo de evidencia. Fueron solo frases de alto impacto del fiscal. Se dijo lavado, narcotráfico, se habló de una vedette y de la banda de Los Monos, todo lo que define un cóctel, más para los medios que para la Justicia". Por eso, en la próxima audiencia Varela pedirá que se reconfigure la calificación legal de las acusaciones que hizo la Fiscalía y luego planteará que tienen derecho a transitar el proceso en libertad, hasta un eventual juicio.

Por su parte, el abogado Jorge Bedouret, en defensa del sindicalista Maximiliano De Gaetano, planteará en la audiencia que "la decisión de la jueza no resolvió el contradictorio que se generó con respecto a las calificaciones legales que hizo el fiscal. Eso debe ser tomado como arbitrario y podría causar la nulidad de lo resuelto", adelantó. "La fundamentación que hace la jueza es solo aparente, porque habla de las prisiones preventivas en general y no diferencia por qué algunos 30 días, para otros 60; y otros libres bajo fianza", dijo. Y planteó: "Usó un criterio diverso para situaciones idénticas".

En tanto, Juan Lewis, que defiende a los escribanos Juan Bautista Aliau y Luis María Kurtzemann, indicó que apeló las dos situaciones, ya que Aliau está preso por 60 días, y Kurtzemann quedó libre con restricciones tras pagar 800 mil pesos de fianza.

Marcelo Piercecci defiende al escribano Eduardo Torres, quien tiene una condena anterior por delitos similares, y planteó que se agravia con la detención de su cliente, porque además le inhibieron las cuentas a su esposa y "no puede pagar sus impuestos".

Maximiliano Nicosia, por la defensa de Roberto Aymo y Ramona Rodríguez; e Ignacio Carbone, por Jonatan Zárate, apelaron por cuestiones similares. En tanto, Froilán Ravena, quien se sumó al patrocinio del gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, adelantó que también irá a la audiencia contra la resolución judicial, por el tipo de libertad bajo fianza que le dieron a su cliente, con restricciones como no poder salir del país y presentarse periódicamente en Tribunales.