La Cámara de Apelaciones en lo penal integrada por Carlos Carbone, Carina Lurati y Guillermo Llaudet revisará hoy el fallo a 12 años de prisión efectiva para Nilda Beatriz Alvarez y su hijo, Armando Ramón Ferreyra. La sentencia se dictó en junio pasado en Villa Constitución, tras un juicio oral por el homicidio de Armando Ferreyra, quien ejerció durante años violencia machista sobre su esposa, Nilda, y sus hijos. De hecho, Nilda y su hijo mayor -entonces de 25 años- intervinieron provocando la muerte de Ferreyra en abril de 2014, cuando el hombre había tomado del cuello y agredía con un cuchillo al hijo menor, de 15 años. Para el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) el hecho se encuadra como legítima defensa y por eso presentó un amicus curiae (amigos del Tribunal) para incorporar la perspectiva de género en el proceso, pero la Cámara rechazó el aporte de esta prestigiosa organización fundada en 1989.

Ayer, Cladem insistió en la necesidad de incorporarse como Amiga del Tribunal, al considerar que "la presentación realizada no tiene otro fin más que aportar elementos teóricos, normativos y jurisprudenciales que se relacionan con el objeto de nuestros trabajos e investigaciones y están estrechamente ligados a la materia a decidir en este recurso. Ya que se trata de dirimir la responsabilidad penal de una mujer atravesada por una vida sumida por violencia de género". No hay perjuicio posible para las partes en este amicus curiae, "menos aún a la parte imputada, que sería la más vulnerable y a quien se debería proteger por parte del Estado", dicen las firmantes, Milena Bernal, Rosa Acosta y Alejandra Paolini y Laura Casas.

Cladem advierte a la Cámara que "la ausencia de los estándares de derechos humanos y de la perspectiva de género que se evidencia en el fallo puesto en crisis, afecta el acceso a la justicia sin discriminación, protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. De confirmarse una sentencia que no contemple los estándares mínimos de protección jurídica integral que le asisten a la imputada en esta causa, podría acarrear responsabilidad internacional al Estado argentino". Hay antecedentes muy concretos, como el de L.N.P, una joven de la comunidad qom que fue violada en 2003, en Chaco, y a quien el estado argentino debió perdirle perdón el año pasado, luego de la intervención de la ONU, también a instancias de Cladem.

"La lectura del fallo (que se revisará) denuncia una insensibilidad de género y un desprecio general por valorar los factores de vulnerabilidad que atraviesan la vida de Nilda. Es más, en muchos pasajes encontramos argumentaciones del fallo que la perjudican, basados en estos mismos factores, cuando de acuerdo a los estándares de derechos humanos y de derecho penal de fondo deberían actuar como 'atenuantes' o 'eximentes' de responsabilidad", dicen las abogadas de Cladem en la presentación realizada ante la Cámara.

Desde Cladem sostienen que se trata de "un caso de legítima defensa, y que no puede quedar fuera del análisis de este causal de justificación, la circunstancia de que Alvarez, a lo largo de su vida de matrimonio con Ferreyra, fue víctima de múltiples episodios de violencia". La sentencia dictada en junio pasado por Mariel Minetti, Alberto Rizzardi y Griselda Strologo, sí reconoce la situación de violencia que vivía Alvarez, pero aún así, la considera penalmente responsable del homicidio, al igual que a su hijo. Para las abogadas de Cladem "es fundamental resignificar el instituto de la legítima defensa a la luz de la perspectiva de género en un contexto de violencia de género".