La diputada provincial del ARI Alicia Gutiérrez, acompañada por todos los integrantes de su bloque, el Partido Socialista y Encuentro Popular, repudió la decisión judicial que absolvió de culpa y cargo al acusado de ser el ejecutor material del asesinato de Graciela Acosta, víctima de los luctuosos sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Un reciente fallo judicial, emanado del Juzgado de Sentencia Nº5 a cargo de Ernesto Genesio, acaba de dejar en libertad al cabo de la Policía Provincial Luis Armando Quiroz, procesado por ser el presunto ejecutor material del asesinato de Graciela Acosta, durante los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001. La decisión judicial fue apelada por la fiscal Elida Rivoira ante la Cámara Penal, ya que a su entender Quiroz debía ser condenado a la pena de trece años de prisión como autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Para Gutiérrez "este fallo es un eslabón más en las decisiones de la justicia, del ámbito administrativo y de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, ya que en el ámbito judicial, no encuentran razones suficientes para condenar a nadie ni para llamar a indagatoria a los máximos responsables políticos, en el ámbito Administrativo, mientras Fiscalía de Estado produce un dictamen negando la participación de agentes de provincia en los hechos mencionados, (como en el Caso Velázquez) y en el ámbito de la Cámara de Diputados se vota por la negativa para crear una comisión investigadora".

Por eso la legisladora se pregunta si "¿Tan obvios serían los resultados de una posible investigación que paralizó cualquier intento de indagar acerca del tema? Desde todo el Poder del Estado, desde diversos ámbitos, se generó un pacto de silencio, de oscuras complicidades, de mordazas a la ética y a la conciencia republicana, de reprochables conductas de simples hombres y mujeres que no alcanzan a ver el entramado corrupto en el que se han visto comprometidos para siempre al silenciar estos crímenes". Y agregó que "hay indicios inequívocos de que la orden de reprimir vino de los más altos mandos del poder político, de la secretaría de Seguridad, el ministerio de Gobierno y del propio gobernador Reutemann".