La causa por la que se investiga el crimen del dirigente peronista Constantino Razzetti quedó abierta con efectos penales plenos a partir de la requisitoria que hizo el fiscal federal Ricardo Vásquez de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado al juez federal Nº 4, Germán Sutter Schneider. Vásquez le solicitó al magistrado que abra la investigación con ese carácter después de analizar que "los crímenes contra la humanidad no están sujetos a prescripción". Sutter Schneider aceptó la constitución de Carlos Razzetti, hijo menor de Constantino, como querellante y actor civil y ordenó que el expediente vuelva a la fiscalía Nº 1 que a su vez pidió la intervención de la Unidad para todas las medidas que deban instrumentarse. "El hecho de reconocerle el carácter de querellante supone que se trata de un delito de lesa humanidad porque de lo contrario no se hubiese abierto en el fuero federal", dijo la abogada patrocinante de Razzetti, Leticia Faccendini. Es la primera causa que se abre en este fuero para investigar la acción de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA)

Vásquez le pidió a Sutter Schneider y a partir del relato formulado en la denuncia por Carlos Razzetti, hijo menor de quien era en octubre de 1973 vicepresidente del Banco Municipal de Rosario, que habilite la investigación penal plena. También argumentó que aunque "no haya elementos objetivos que permitan imputar" a alguien deberá comenzarse en estas condiciones. El juez federal reconoció a Razzetti su carácter de querellante y actor civil en el proceso mientras que los abogados del hijo del dirigente peronista explicaron que este reconocimiento "significa que se trata de un delito de lesa humanidad" y no una causa por la verdad histórica como se había calificado tiempo atrás.

Esta es la primera causa que en los Tribunales Federales de Rosario se abre de manera plena para investigar la que se supone fue la intervención de la AAA en un operativo que culminó en asesinato y que tuvo luego a cientos y cientos de víctimas en todo el país.

El fiscal Vásquez plantea en su requisitoria que se investigará un hecho que "se habría llevado a cabo por la organización conocida como la Triple A o Alianza Anticomunista Argentina gestada en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación cuyo principal referente fue el por entonces ministro José López Rega. Esta organización ﷓dice Vásquez﷓ se caracterizó por llevar adelante hechos que en muchos casos se atribuyeron de manera pública y que obedecieron a circunstancias políticas, enmarcadas en cuestiones ideológicas y montadas desde el aparato estatal, bajo cuyo amparo directo y garantía de impunidad actuó en una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave violación a los derechos humanos, justamente porque fueron implementados y llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían o se amparaban en ese poder".

Vásquez definió también que los crímenes de lesa humanidad se caracterizan como acciones cometidas por un grupo que desde el Estado ejerció "un dominio y ejecución análogos al estatal en cumplimiento de un programa, afectando gravemente a un número de personas, contrariando a la concepción humana más elemental, hechos que de acuerdo al derecho internacional constituyen crímenes de lesa humanidad". El fiscal a cargo de la Unidad Especial que reemplazó en esa función a Griselda Tessio sostiene que en el caso de Constantino Razzetti corresponde la aplicación de las normas internacionales y los principios internos que eviten la prescripción de la causa.

Carlos Razzetti recordó que del expediente sustanciado en la Justicia provincial por el juez Raúl Iturraspe en la década del '70, quedan sólo 136 folios y que a partir del número 70 u 80 esa causa fue refoliada hasta en dos o tres oportunidades "sin intervención del juzgado". También señaló Razzetti que la amenaza que había recibido el ingeniero Gualberto Venesia y que involucraba a su padre Constantino, firmada por el 'Comando José Ignacio Rucci' "desapareció del expediente, sólo queda el sobre y esto lo dictaminó el juez Sutter Schneider".

El ahora querellante en la causa por la que se debe investigar el asesinato del bioquímico Razzetti hizo referencia a una de las líneas de trabajo que se sostenía sobre varios nombres, Eduardo Aguilera, José Echeverría y un tercero de apellido Garcilazo quienes fueron investigados por la policía por orden de la Justicia provincial después del asesinato. "Cuando le mandaron los datos al juez señalándoles que se trataba de delegados gremiales del gremio de la carne ni siquiera los llamó a declarar", dijo Razzetti hijo y señaló que una de esas personas está con vida.

En otro orden Razzetti señaló a este diario que el automóvil Torino con el que se estima se movieron quienes asesinaron a su padre fue robado a un hombre que era matarife y proveía hacienda al frigorífico Swift. La noche del atentado Constantino Razzetti, su esposa Nélida Gitron y otro de los hijos del matrimonio, de nombre Luis, habían concurrido a una cena. Allí el vicepresidente del Banco Municipal había hablado ante 150 personas y cuando se retiraba una pareja que estaba en el lugar lo retuvo o retrasó por un tiempo, algo que según la familia fue provocado para que cuando los Razzetti llegaran a su domicilio de calle San Lorenzo 2674 pudieran interceptarlos sus asesinos.

Fuentes cercanas a la Unidad de Asistencia entienden la expresión del juez como un gran avance en el trámite ya que aplica el Código Procesal Penal de la Nación pero reflexionan que tal vez cuando exista algún imputado que corresponda a la acción de la Triple A utilice la calificación de delito de lesa humanidad como lo hizo respecto de los expedientes Feced o Jordana Testoni (Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu).