El Departamento Ejecutivo deberá informar en un plazo que no exceda los 10 días sobre los mecanismos administrativos precautorios que haya implementado el municipio a fin de cumplimentar la Ordenanza 7790 ﷓que regula la instalación de negocios minoristas en cadena﷓, con el objeto de impedir la instalación encubierta de grandes superficies comerciales. Así lo resolvió el Concejo Municipal durante la sesión de ayer al aprobar un pedido de informes presentado por el concejal Nire Roldán (ARI) a raíz de la denuncia efectuada días atrás -publicada en Rosario/12- por un grupo de almaceneros, autoservicistas y carniceros contra la firma francesa Carrefour a quien acusan de estar detrás del desembarco en Rosario -logística y económicamente- de la cadena "Día %".

En su iniciativa, el concejal Roldán tuvo en cuenta las presentaciones realizadas por la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario, el Centro Unión de Almaceneros, la Sociedad de Carniceros, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, la Cámara de Soderos de la ciudad de Rosario, representantes Frutihortícolas y pequeños comerciantes de la región, dirigidas al intendente Miguel Lifschitz -publicada el lunes por este diario-, exigiendo el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

Roldán no dudó en afirmar que "la apertura o habilitación de locales comerciales en violación a la vigencia de la Ley Provincial 12.069 y la Ordenanza Municipal 7790 generan perjuicios importantes a los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad, pero además producen distorsiones comerciales mediante maniobras anticompetitivas a favor de los grupos económicos más concentrados del sector".

Por otra parte, el Concejo resolvió ayer solicitarle al Juzgado Federal N° 3, a cargo del magistrado Carlos Vera Barros, copia de las actuaciones contenidas en la causa "Averiguación artículo 174 inciso 5 del Código Penal", en virtud de que se trata de una situación que involucra a un servicio municipal. La causa se generó ante la denuncia de la posible existencia de irregularidades vinculadas al uso del gasoil subsidiado por parte del Estado para sostener el transporte urbano de pasajeros y que se trata de una situación que involucra al servicio público municipal.

Según Alberto Cortés, el edil que presentó la denuncia por posibles irregularidades vinculadas al gasoil subsidiado en la empresa Las Delicias, "la Justicia pudo corroborar que efectivamente se cargaba gasoil a camiones particulares que no pertenecían a la empresa y que desde el día en que la situación tomó estado público se cerraron las puertas de la playa ubicada en Pueyrredón al 5800, a la que hoy solo acceden los vehículos vinculados a la empresa".

Apenas concluida la sesión ordinaria, se realizó una sesión especial en adhesión a la III Cumbre de los Pueblos. Participaron representantes de distintas entidades defensoras de los derechos humanos.

En ese marco los integrantes del Bloque Socialista del Concejo manifestaron su apoyo "a la movilización de los pueblos de Latinoamérica que hoy expresan en forma contundente, para hacerle frente al pensamiento único y a los planes de dominación hegemónica comandados por la administración republicana de George Bush". También manifestaron su rechazo a la inclusión del ALCA en el documento final del encuentro mundial porque "profundizará mayor marginación, exclusión e inequidad".