La comisión que cobran los ejecutores judiciales de la Municipalidad de Rosario a los contribuyentes morosos ha desatado desde hace casi una década una fuerte polémica, que ayer se reinstaló en el Concejo. La titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Analía Carrió arremetió en más de una oportunidad contra los ejecutores por no cumplir con una Resolución del municipio emitida en 1996 que estableció que el honorario máximo permitido era del 5 por ciento de la deuda.

Días atrás los abogados Colochini, Nannini, Kaminsky, Malizia y López Marull, todos ellos procuradores judiciales a comisión de la Dirección de Cobranza Judicial de la Municipalidad le enviaron una carta documento a Carrió donde la acusan de mentir deliberadamente y le recuerdan que el municipio no tiene potestad para regular el tema, atribución que le corresponde a la Legislatura santafesina. Además le exigieron a Carrió que se rectifique o de lo contrario le anunciaron que la demandarán.

Ayer los concejales ratificaron la potestad del municipio para intervenir en la cuestión y expresaron su solidaridad con Carrió ante la situación que le toca afrontar por la carta documento intimidatoria recibida.