Carlos Ossola, su hermana Ileana y sus tres hijos, Luciano, Guillermo y Florencia; fueron indagados ayer por la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas, en el marco de la causa en la que se investiga una presunta estafa de la tradicional agencia de operadores de Bolsa, por unos 65 millones de pesos. Los cinco miembros de la familia habían sido detenidos el día anterior por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en lo que marcó un cambio de actitud en la magistrada que -desde marzo- había seguido la causa con los imputados en libertad. "El allanamiento en el que se encontró mucha documentación vinculada con la causa cambió el escenario", dijo ayer la doctora Rodenas a la prensa, ya que "reforzó el indicio de sospecha que es clave en cualquier investigación penal". Es decir, quedó claro que al llevar todas esas cajas de documentación al departamento de una tía, la familia algo quería ocultar.

La causa está dividida en varios juzgados civiles de los tribunales de Rosario, donde se sustancian las denuncias relacionadas directamente con las deudas que reclaman los damnificados (unos 290 en total) por un monto cercano a los 65 millones de pesos. En tanto, las causas penales derivadas de estas mismas denuncias, terminaron por acumularse en el juzgado de Rodenas por decisión de los tribunales superiores.

Las figuras penales que aquí están en juego son Asociación Ilícita y Estafa Reiterada; que impedirían que algunos de los imputados recupere su libertad. Desde el juzgado se admite que de los cinco detenidos "hay por lo menos tres que están en una situación más comprometida".

La clave de esta investigación se dió con el allanamiento al departamento de una tía de los Ossola, en 9 de Julio al 1.500. Es una mujer anciana, que tenía en una habitación cajas con documentación que la magistrada estaba buscando desde hacía días. "Esa mujer contó a la Justicia que una sobrina le había avisado que otro vecino le iba a mandar `unas cosas' para que guardara", dijo la jueza Rodenas en declaraciones a LT8. Para la magistrada, esto evidenció que la familia Ossola no tuvo la voluntad de colaborar con la Justicia que sus integrantes habían declarado hace meses atrás cuando se pusieron a disposición de las investigaciones. De ser realmente así "no hubiesen ocultado información", interpretó la magistrada que se basó en el principio de sospecha para proceder a ordenar la detención de los miembros de la familia. "En una investigación penal, este principio de sospecha es clave", explicó la doctora Rodenas.

Un total de 295 personas figuran entre los damnificados por el cierre de la operadora Ossola SA. De ese grupo 210 corresponden a la deuda de la sociedad anónima y los otros 85 son reconocidos como acreedores particulares de los hermanos Ossola, cuya firma reconoce tener acreedores por 65 millones de pesos.

El hecho es considerado uno de los mayores fraudes económicos presuntos de los últimos años en Rosario. La jueza Rodenas ya recibió en marzo pasado una comunicación de los Ossola por intermedio de su abogado, Walter Stramazzo, donde ambos se ponen a disposición judicial.