El Juez de Instrucción de la 10° Nominación de los Tribunales de Rosario, Alfredo Ivaldi Artacho, elevó a la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Penal un informe sobre una serie de irregularidades en el denominado "depósito judicial de automotores", ubicado en el límite de Rosario y Pérez, sobre avenida Presidente Perón, que depende de la Unidad Regional II. El informe fue tratado el jueves en un Acuerdo de la Cámara, y como resultado del debate producido, el presidente de la Cámara, Antonio Paolicelli, y los vocales del cuerpo, enviaron a todos los jueces penales nuevas indicaciones sobre cómo controlar a los automotores que están a disposición de cada juzgado. Además, la Cámara les exigió, tanto al jefe de Policía de la U.R. II, como al ministerio de Gobierno de la Provincia, "se adopten las medidas conducentes para el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 230 del Código Procesal Penal, procurando que, a la brevedad posible, se realicen las reformas y/o adecuaciones en los depósitos de vehículos secuestrados, tanto en el aspecto edilicio como administrativo, a fin de cumplir cabalmente su finalidad y el propósito para el cual fueron creados". Para agregarle un condimento extra a las irregularidades que se vienen constatando dentro del depósito, en el informe, el magistrado denunció que en el predio de 5 hectáreas utilizan una conexión clandestina de electricidad.

A raíz de una denuncia realizada el pasado 11 de enero por un particular, en relación al Depósito Judicial de Automotores ﷓ Zona Oeste de Rosario, dependiente del CGI de la UR II de esta ciudad, el juez Artacho elevó un lapidario informe donde se sindica al personal policial de "un plural accionar delictivo consistente en el sistemático desguace de autopartes de todo tipo, correspondientes a automotores, bicicletas y hasta una embarcación, de las que se llevaron capot, lunetas, parabrisas, motores, caja de cambio, tracciones, pallieres, tapas de cilindro, sopleteados de secciones enteras de vehículos, existentes en ese predio y a disposición de las múltiples instancias jurisdiccionales intervinientes en las respectivas causas judiciales".

Para terminar de redondear el ilícito, el juez refiere además de "la sustracción de legajos individuales (documental, registros, etc.) relativos a unidades allí ingresadas".

En el tercer punto de su informe, Artacho constata las dificultades existentes para ejercer un buen control del lugar, que comprende un área de unas 5 hectáreas. Según el magistrado, allí hay grandes sectores no perimetrados y otros perimetrados con alambre de 2 ó 3 hilos, gran cantidad de malezas, luces artificiales insuficientes para la custodia nocturna (5 postes en todo el predio, con frecuentes desperfectos) y un precario portón inservible para su función de contención ubicado a 200 metros del único puesto de guardia/oficina de esta repartición.

En esas condiciones, se constata que tomando como referencia el mes de setiembre del año 2006, existían en el llamado Depósito Judicial 2.604 automóviles, 3.028 motos, 6.221 bicicletas, 48 equipos GNC, y gran cantidad de autopartes, carros y algunas lanchas, totalizando 12.101 secuestros, los que tres meses después, ascendían a 12.800 aproximadamente. Por tal motivo, Artacho observa que "la mera lectura de tales números, la visita al lugar o la observación de las fotos de fs. 166 y ss. o su vista aérea ﷓parcial﷓ a fs. 329/331 muestran el altísimo volumen económico de la masa patrimonial disponible para cualquier agente infiel".

Además, el magistrado refiere que las unidades "en custodia" no tienen precintado de sus puertas; y no se encuentran debidamente clasificadas ni organizada su localización. Y por si estas irregularidades no alcanzaran para propiciar los delitos, el informe indica que "en la reducida oficina operativa del Depósito Judicial carece de base de comunicaciones, handys, agua potable o gas; desde su guardia es imposible visualizar todo el terreno con sus depósitos, dada la lejanía de algunos puntos y los desniveles físicos existentes en otros".

Para terminar de configurar una increíble cadena de irregularidades, Artacho constató que "la luz es obtenida a través de una virtual conexión "clandestina" con cableado desde exterior, situación que parece increíble para una repartición oficial, pero que además pone en riesgo la seguridad de policías y civiles que actúan o transitan por el sitio". Por su parte, Bomberos Zapadores informó que este depósito carece de algún tipo de protección contra incendios, por lo que recomendó la instalación de no menos de 31 extintores a lo largo del establecimiento.

En otro de los puntos, Artacho señala que los constantes movimientos de personal afectan el curso de las investigaciones. "En el lugar se encuentran afectados un total de 10 empleados policiales ﷓con más jefe y subjefe﷓ que actúan por tercio, número que más aún disminuye con las bajas por licencias; éstos se encuentran sujetos a constantes cambios y traslados que comprometen no sólo una continuidad de gestión sino además, para los supuestos de irregularidades, dispersan las responsabilidades funcionales, licuando de hecho toda posibilidad de esclarecimiento investigativo", precisó el juez en el informe que se conoció ayer.