El juez de Menores Nº 4 Juan José Carmona habla de mecanismos 'complejos' para abordar las situaciones de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. El dice que a conductas transgresoras y repetitivas puede corresponder algún tipo de sanción que de acuerdo a los códigos de procedimientos, las leyes y la Convención Internacional de los Derechos del Niño "debe ser trabajada en lugares acordes que permitan al chico la búsqueda de la responsabilidad subjetiva".

Carmona habla de desubjetivarse de los niveles de violencia que ejerció, "de esos avances contra los cuerpos y los bienes de otras personas". Por eso cuando hace referencia a la sanción explica que debe tratarse de medidas "socioeducativas con la idea de que pueda entender las reglas de convivencia para vivir sin violencia con los demás". Se trataría, entonces, de lugares profesionales e interdisciplinarios que no entiendan el problema sólo desde lo personal sino también desde lo familiar y que permitan "inscribir la legalidad como una forma para vivir con sus semejantes".

Pero el juez Carmona agrega otros elementos que tienen que ver con la inexistencia de esos lugares 'acordes', en especial referencia hacia el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (IRAR) sobre el que la última inspección de la comisión de seguimiento formada con la participación del Ministerio de Gobierno, juzgados de Menores, la Defensoría del Pueblo de la provincia, la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal y la Coordinadora de Trabajo Carcelario -que desde hace meses había pedido la constitución de ese ámbito- las opiniones eran coincidentes en la necesidad de cerrarlo. "No puede haber inscripción subjetiva de la responsabilidad si desde los ámbitos institucionales se genera aún más violencia que aquella misma que el chico vivió". Esa forma de sanción de la que hablaba, entonces, necesita de un correlato indispensable, la respuesta socioeducativa y la mirada de oportunidad de la sociedad que la dará cuando también se esmere en el debate del problema que padece. De ahí que el magistrado recuerde que en otros países, los adolescentes y jóvenes que entran en conflicto con la ley "no se van de los programas sin trabajo". Justamente la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes habla de instrumentación de programas especiales "y los chicos que transgreden son los que más los necesitan" porque de lo contrario se trata de remitirlos "a una libertad que los condena a la falta de futuro y al ocio depresivo, y así cualquier libertad corre el riesgo de fracasar".

"La impunidad es terrible para los chicos y para las víctimas por eso el Estado debe formalizar las políticas públicas integrales y a la sociedad debe interesarle que el delito no sea la forma que tengan algunos niños y jóvenes de relacionarse con los demás".