Las integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito pidieron especialmente que exista un registro de profesionales objetores de conciencia para la aplicación de los abortos no punibles, para que el Estado garantice la práctica a las mujeres. "Esperamos que los objetores de conciencia no tengan cabida en los efectores públicos de salud. Es decir, que lo declaren de antemano y que no estén a cargo de los servicios", indicó Gabarra, quien señaló un caso claro en la salud pública local. "El doctor Rafael Pineda, notorio militante en contra del aborto, está a cargo del servicio de Ginecología del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. Y si bien ese servicio no es tan sensible como la Maternidad Martin, este profesional no debería estar como responsable de garantizar la salud de las mujeres", señaló.

El tema es el más ríspido de los planteados por las referentes de todo el país a la ministra Ocaña. "Lo que sabemos es que no se puede negar un servicio de salud por objeción de conciencia. La mujer debe saber que ese médico no lo hará, pero el Estado debe garantizarlo. De lo contrario, se la lleva de un lado al otro y se descarga en ella la responsabilidad de decir que se hace", afirmó la activista, basada especialmente en los casos más recientes del país. La situación más delicada fue la de Ana María Acevedo, en Santa Fe, a quien le negaron cualquier posibilidad de interrupción del embarazo para realizarle el tratamiento contra el cáncer que terminó matándola.