Cada una de las votaciones que durante los últimos años dejaron a la provincia de Santa Fe sin una ley que consagre el derecho de acceso a la información pública, remiten a actitudes autoritarias, pero también a la más fuerte cultura del secreto y el oscurantismo. Los senadores justicialistas que tantas veces levantaron la mano para apoyar la invocación del denominado 'interés legítimo' no tenían argumentos sólidos para exhibir: "que complicará la administración del Estado", "que todo el mundo preguntará y los empleados públicos deberán pasarse contestando consultas", "que se plantearán pavadas o será la mala intención la que prevalecerá". Ni la cultura ni la vocación democrática los alcanzó, tanto que desoyeron las voces y expresiones del más amplio espectro del quehacer gremial, estudiantil, profesional, de usuarios y consumidores, académico y comunitario que se expresó en sus narices. Poco más de tres años atrás, desde el Sindicato de Prensa Rosario, se lanzó la campaña de firmas por una ley sin restricciones que reunió a cientos de organizaciones provinciales a las que sumaron su aporte algunas nacionales e internacionales.

El 28 de septiembre -Día Internacional del Derecho a Saber-, del año 2005, un gran cofre de cartapesta, al estilo de los usados por los barcos piratas, se instaló en las puertas de la Legislatura. Cuando un grupo de mimos logró romper el enorme candado que lo mantenía cerrado, salieron las representaciones de cada una de las organizaciones presentes o firmantes para formular las preguntas-consultas que harían si existiese la ley. Muchos diputados, ya entrenados en la creación de consensos para dar la media sanción a la ley, se sumaron o por lo menos observaron la manifestación. Adentro, en la fortaleza de algunas oficinas, se quedaron agazapados quienes quieren -podrán decir en virtud de qué-, recibir explicaciones por los interrogantes que quieren verse saldados en relación con los actos de gobierno. La cultura del retraso todavía no terminó.