El proyecto de la diputada Lucrecia Aranda recuerda en su fundamentación el caso paradigmático de Ana María Acevedo, la joven de 20 años que murió el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe de Santa Fe, como consecuencia de un cáncer de maxilar que no fue tratado porque los médicos se negaron a realizar el aborto que era su derecho. Los profesionales que tomaron esa decisión fueron procesados por el juez Eduardo Pocoví por lesiones culposas e incumplimiento de deberes de funcionario público.