El documento elaborado por la Comisión Investigadora No Gubernamental de Crímenes de Diciembre 2001 señalaba que "a siete años de la represión con 9 muertos en Santa Fe, siete a manos de la policía, esta Comisión quiere recordarle al gobernador Hermes Binner que en la reunión del 20 de diciembre de 2007, se planteó la necesidad de contar con los documentos oficiales a los que no se tuvo acceso. Entonces prometió poner a disposición la documentación, para luego retacearnos el acceso, con los mismos argumentos del anterior gobierno, en violación al derecho al acceso a la información que garantiza en forma amplia la Convención Americana de Derechos Humanos.

Señor gobernador: a un año de esa reunión reafirmamos que el compromiso que asumió ante los familiares y la comisión, y previamente en sus discursos de campaña, no fue cumplido.

La semana pasada manifestó que su gobierno "no comparte las ideas de represión e impunidad" en la forma de trabajo del gobierno de Reutemann y concluyó diciendo que "todos los crímenes en Santa Fe se están esclareciendo".

"Señor gobernador: eso es una mentira, usted gobierna sobre lo que pasa ahora y, en la medida que no soluciona las cosas que pasaron antes también resulta responsable de la impunidad de los hechos del pasado, no hay borrón y cuenta nueva, sino continuidad jurídica, la provincia es una sola, el Poder Ejecutivo es uno solo, como son uno solo el Poder Judicial y el Legislativo y aunque cambien los hombres que invistan el cargo, todos estarán comprometidos con la impunidad, en la medida que no asuman la responsabilidad institucional que les cabe".

"Señor gobernador: el Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos. Si el Estado actúa de modo que tal violación quede impune, puede afirmarse que ha incumplido con su obligación".

"Por eso a siete años del diciembre trágico: seguimos exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables individuales e institucionales. Entendemos que la impunidad alcanzada se debe a las acciones y omisiones de los tres poderes del Estado. Así se impide el esclarecimiento de los hechos, garantizando la impunidad de sus autores materiales e intelectuales mientras el gobernador ha eludido la responsabilidad política de impulsar una investigación. Esta situación sumada a la inexistencia de una investigación judicial seria y exhaustiva entraman una denegación de justicia que provoca un estado de angustia y zozobra en los familiares de las víctimas y en la sociedad toda, situación que constituye una violación de los derechos humanos y garantías asegurados por la Constitución Nacional, la legislación vigente y los pactos internacionales de derechos humanos".