Los comedores truchos que no brindan la asistencia alimentaria gratuita a la que se comprometieron pero perciben cajas de leche, azúcar y otros víveres secos encuentran un circuito comercial ilegal donde destinar esa mercadería. Esta semana, el ministerio de Desarrollo Social presentará ante la justicia provincial una nueva demanda por venta ilegal de leche.

"Nos sorprendimos cuando en estos días nos acercaron leche de los mismos lotes que la provincia distribuye. Estaban siendo vendidos a un precio menor de lo que nosotros compramos en grandes cantidades. El hecho se constató en un comercio del Gran Rosario", contó a Rosario/12 Julián Galdeano, secretario de Municipios y Comunas. Ahora, el titular del comercio cuya dirección no trascendió, deberá ser investigado en tribunales.

Según se supo, el Ministerio de Desarrollo Social abona a precio mayorista entre doce y trece pesos la unidad de 800 gramos de leche de marca Ilolay, y en ese autoservicio costaba once pesos.

"Lo llamativo es que los propios beneficiarios, es decir las personas que fueron a comprar el producto, se sorprendieron de lo barato que estaba y nos lo acercaron", detalló el funcionario. Finalmente, comprobaron que se trataba de uno de los lotes destinados a comedores que la provincia había repartido a principios de octubre.

"Si bien se han desbaratado muchísimas instituciones que recibiendo víveres del estado los explotaban en el circuito comercial, sea en autoservicios o supermercados de origen chino, todavía resta mucho por controlar", evaluó Galdeano.

Recorriendo algunos barrios de la ciudad es posible comprobar que existen distintos circuitos ilegales diseñados para vender la mercadería que el estado dona a algunos centros comunitarios y copas de leche. Mientras por un lado algunos la cargan en vehículos y las venden en supermercados chinos, otros incorporan un precario almacén en su casa y venden los productos a muy bajo costo. Una caja de leche puede costar ocho pesos y un litro de aceite cinco. Las denuncias llegan por parte de los vecinos más pobres, que pagan por una mercadería que en realidad deberían recibir gratis.

Desde abril de 2008, el fiscal Esteban Franicevich investiga una causa por venta ilegal de leche de la marca Granja Blanca, destinada a comedores comunitarios. Hasta la fecha hay 10 personas imputadas de los cuales siete son de origen chino y tres argentinos. "Sabemos que ellos son el último eslabón de la cadena, estamos tratando de ubicar al conductor del vehículo que pasa a buscar la leche por los comedores y la lleva hasta los centros de comercialización", precisó el funcionario judicial en declaraciones a los medios.