CIUDAD
› Por Celeste Lepratti
Muchas veces resulta difícil la tarea de sintetizar, resumir, ser breve.
Pero referirse a la masacre de diciembre de 2001 en la provincia de Santa Fe es simple. En una sola palabra pueden resumirse estos cinco años: impunidad. Nueve muertos, siete a manos de la policía provincial, solo una persona condenada.
Ayer nomás la justicia santafesina nos anoticiaba que el policía que asesinó a Graciela Acosta no es un asesino, y durante todo este tiempo nos viene diciendo que a Yanina, a Juan, a Rubén y a Ricardo no los asesinó nadie. A Walter sí, pero el oficial Iglesias lo hizo en legítima defensa de terceros, nos explica la justicia, por eso le disparó en la nuca cuando sus piernas cansadas y su enfermedad no le permitieron correr más mientras lo perseguían y aunque nunca se encontró el arma que Iglesias sostiene que Walter portaba y aunque los testigos de este asesinato fueron amenazados e intimados a cambiar su declaración, la justicia dice que a Walter lo mataron bien y claro que Iglesias fue premiado por su labor, es curiosa como está caratulada esta causa: "homicidio en legítima defensa de terceros". Es curioso que sea el oficial Iglesias uno de los que se ocupa de custodiar al Presidente y a la primera dama cada vez que visitan Rosario.
Por el asesinato de mi hermano Claudio, el oficial Esteban Velásquez fue condenado a 14 años de prisión. El ejecutor material fue condenado a pesar de las dos presentaciones del gobierno de Jorge Obeid para que fuese absuelto. Pero por una resolución de la Corte Suprema que data de este año, la causa volvió al estado en que se encontraba un año y medio atrás, la condena a Velásquez está firme, pero ahora su defensa tiene la posibilidad de presentar nuevos recursos sabiendo que cuenta con la complicidad de los jueces que le dieron esta oportunidad.
Los hacedores del aparato judicial también nos han explicado que no existen responsables políticos por la masacre perpetuada, Lorenzo Domínguez y Enrique Alvarez (ministro de Gobierno y subsecretario de Seguridad respectivamente en diciembre de 2001) fueron sobreseídos, Carlos Reutemann (gobernador entonces, actual senador nacional, y elegido por Kirchner para integrar la fórmula presidencial 2007, sino se inclina por el cargo de gobernador de esta provincia) ni siquiera prestó declaración por lo ocurrido en la provincia que el conducía en el 2001, por el accionar de las fuerzas policiales bajo su mando, por las órdenes dadas a la policía, en particular la que intensificó la represión sistemática que se dio a partir de las 14 horas del 19/12/01 en el Gran Rosario, orden que autorizó el uso de armamento letal, orden cargada de palos, gases, balas de plomo. ¿Por qué? Bueno sobre esto la justicia ha guardado silencio.
Pero ese silencio es a su vez la respuesta más clara que nos ha venido dando, porque la justicia santafesina no cumple con la función que muchos creíamos tenía como atribución "administrar justicia", la justicia se ocupa exclusivamente de garantizar y perpetuar la impunidad de la que gozan los principales responsables de tanta muerte, atropello, olvido, masacre, inundación, gatillo fácil, y esto sí es difícil de resumir, porque es una lista muy pero muy larga. Los familiares de las víctimas de la masacre de 2001 sabemos que no habrá justicia para ellos, mientras sigan en sus cargos cada uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y no se modifique el modo de elección de los jueces en Santa Fe.
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