La Defensoría del Pueblo de la Nación pedirá a la Justicia investigar responsabilidades de las autoridades de seguridad vial, la empresa concesionaria y el organismo de control de las concesiones viales, a raíz del accidente mortal en la autopista Rosario-Buenos Aires.

El defensor Eduardo Mondino anunció ayer que presentará una denuncia penal a fin de que se determine si incurrieron en "negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo", o bien violaron sus deberes funcionales al "no tomar las previsiones" necesarias en el lugar el siniestro.

El ombudsman busca establecer si por error u omisión autoridades, empresa y órganos de contralor "podrían ser partícipes en las muertes y lesiones ocurridas" en la autovía. El pedido de investigación recae en autoridades nacionales y provinciales encargadas de la seguridad vial, la empresa Vial 3 S.A., y en el Organo de Control de Concesionarios Viales (OCCOVI).

Para Mondino existe "una responsabilidad que excede el marco de la investigación policial y se vincula con la inacción de aquellas personas encargadas de velar por la seguridad vial de quienes transitan los caminos de nuestro país y que, a de acuerdo a los resultados de esta lamentable tragedia, no se han llevado adelante acciones tendientes a evitarla".

Tras recordar que hay antecedentes en esta misma zona y ruta, el Defensor del Pueblo consideró, en su presentación, que "frente a tales antecedentes las autoridades debieron haber estado alertas". "Todo ello impone a las autoridades y a la concesionaria a extremar los recaudos a su alcance para que no ocurran hechos desafortunados como el que hoy lamentamos", subrayó. Mondino refiere en la denuncia que "hace más de tres años viene llevando estudios e investigaciones relacionados con las causas que provocan el alto número de siniestros viales en nuestro país".