Una noche de 1991 en París, donde vivía clandestinamente desde 1989, iba a visitar a un amigo cuando fui detenido por la policía. Meses antes, siendo seropositivo, tras un papeleo sencillo había obtenido una cobertura médica del ciento por ciento. Desde la ventana de la celda donde me encontraba, junto a otros inmigrantes indocumentados, se veía la catedral de Nôtre Dame y, aunque nunca fui católico, esa noche recé sin parar, no quería que me deportaran, en Francia me sentía protegido. Nos liberaron en menos de una hora y no fue por mis rezos, más adelante me enteraría de que siempre era así: te detenían, te fichaban y te soltaban sin mayores consecuencias.

Hoy, en plena época de elecciones en Francia, el movimiento de lucha contra el sida, Act Up-Paris, lanza una campaña para evitar la reelección del actual presidente: “Sarkozy, candidato de la putrefacción: ¡vote sida!”. El slogan se debe al decreto de 1998 que prohíbe los servicios de conservación de cadáveres como la tanatopraxia y la formolización en difuntos con VIH/sida. “El Estado sigue señalando a los seropositivos como peligro público incluso después de muertos”, protestan, y éste no es sino el aspecto más macabro, la cereza sobre el pastel que corona el desmantelamiento de las políticas sanitarias durante estos últimos 9 años del gobierno de Sarkozy. Medidas como la reducción del financiamiento para la lucha contra el VIH/sida, la expulsión de inmigrantes trans seropositivas y la pérdida de los derechos a la salud de los indocumentados son algunas de estas medidas regresivas: “Tuvimos que habituarnos a luchar, no para hacer avanzar la causa contra el sida, sino para impedir a la UMP que la haga retroceder”.

Estas políticas de exclusión parecen ser hoy una nueva epidemia. La semana pasada, la ministra de Sanidad de España, Ana Mato, anuncia un paquete de medidas de reducción de gastos, entre ellas la eliminación de la cobertura médica gratuita para los extranjeros “no registrados, ni autorizados como residentes en España”. A propósito de esta medida, Federico Pulido Ortega, un profesional de la salud que trabaja atendiendo pacientes con VIH en un hospital público en Madrid, escribe en una carta dirigida al diario El País: “De los 1000 pacientes bajo mi cuidado, 150 son inmigrantes. Ni uno solo ha hecho turismo sanitario y la mayoría no sabía que estaban infectados cuando dejaron su país en busca de trabajo con el que ganarse la vida, o se han infectado en nuestro país. Muchos de ellos perderán la tarjeta sanitaria y su tratamiento antirretroviral en agosto, si se cumple lo anunciado por la señora ministra. Serán los elegidos para morir por el bien de los españoles”. Elegidos que, de haber tenido opción, nunca hubieran elegido a Rajoy. De más está decir que no es por medidas como las anunciadas por la ministra de Sanidad, llamada Mato, que Sarkozy utilizó una y otra vez a España como fantasma con que horrorizar a los votantes.