En los juzgados, y también en el mundo del hampa, existe la categoría de “primarios”. Son ancianos y ancianas, madres, padres y adolescentes de bajos y bajísimos ingresos, usuarios problemáticos de drogas legales e ilegales, mujeres y travestis en situación de prostitución y siguen las firmas. Tienen en común su vulnerabilidad y que no registran antecedentes penales, por delitos “contra la seguridad nacional”, como la tenencia de sustancias. Lo saben en los tribunales de San Martín, cuando cae una doña cualquiera de la villa, con varios kilos de cocaína o marihuana, que almacenaba para el puntero de turno. También en Rosario, donde menores de 16 años encerrados en bunkers de ladrillos huecos venden paco a diario. En Salta y Jujuy con las mulitas, generalmente bolivianas, que purgan prisión sin proceso ni condena, hacinadas en comisarías y cárceles provinciales (las federales no dan abasto), por tragarse hasta un kilo de merca en tizas.

La respuesta penal a este fenómeno fue analizada por el investigador Alejandro Corda en “Sistemas desproporcionados”. Al repasar la actual política de drogas, entre otros item, plantea si el medio elegido para atender el fenómeno del consumo de drogas es el que menos afecta al cuerpo social. La respuesta es no. No funciona sobre quienes consumen, “sobre los cuales se privilegia el derecho penal antes que la respuesta sociosanitaria, menos lesiva para los individuos”. También cabe preguntarse, agrega, “si la aplicación de la ley penal, en la medida en que recae sobre los actores menores del tráfico, sobre todo cuando éstos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, responde a este subprincipio (el de necesidad)”. Se habla tanto de las víctimas de la trata, sexual y laboral; hay órganos especializados para asistirlas, pero, ¿alguien reconoce que existen las víctimas de la redes de la narcocriminalidad?

La policía, sea federal o provincial, suele saber quién es quién en la venta de drogas al menudeo, cuando se realiza en la calle, sobre todo. Los causas abiertas en Santa Fe y Córdoba lo demuestran, también el último caso resonante, el de Juan Suris (el novio de Mónica Farro), que contaba con la complicidad de algunos policías bonaerenses. Si siempre llegan “primarios” a los juzgados es porque el mecanismo está aceitado: entregar perejiles para la estadística policial. Y alguien se encargó de probar esto en la Ciudad Autónoma Buenos Aires: el defensor federal Gustavo Kollmann, que reveló cómo operaban algunos uniformados de Constitución, “plantando” marihuana a vendedores ambulantes, pacientes del neuropsiquiátrico Borda y personas desempleadas. Y de inmediato: un llamadito a la prensa para montar el show.

Ya pasaron las “narcomodelos”, los “narcos VIP” y las “narcopalomas”. Qué mejor etiqueta ahora que la de “narcotravesti”. Todo lo que desprecia el facho de medio pelo, junto y preso. Y hay un pionero en esto: Rolando Graña. En 2009, productores de su programa GPS hicieron una cámara oculta y fueron hasta el emblemático hotel Gondolín, en el barrio porteño de Villa Crespo, a pegar cocaína. “Lo que comprobamos nos inquietó. Porque no sólo venden cocaína travestis callejeros. También en lugares de militancia gay y hasta de cierto prestigio de resistencia a la discriminación resultó que vendían cocaína”, dijo el periodista. Ya por entonces, según Graña, que las travestis estaban en el negocio era un “rumor urbano”. Lo que viene ocurriendo en el barrio de Constitución repite la misma lógica: la búsqueda desesperada de etiquetas “atractivas”, “gancheras”, “vendedoras”. Pensar si estas chicas trans venden para bancar su consumo o simplemente para prostituirse menos no entra en el universo mediático reaccionario. Al vecindario no le espanta tanto que una travesti, generalmente contra su voluntad, tenga que ofertar su cuerpo, básicamente, porque no es ilegal. Si “opta” por vender cocaína por la misma situación, enseguida corren a denunciarla. Así funciona la doble exclusión. Así también funciona la doble moral de los narcochotxs.