Jueves, 30 de abril de 2015 | Hoy
UNIóN CIVIL EN CHILE
Por un lado, la nueva ley regula la convivencia hétero fuera del matrimonio y, por el otro, abre la puerta para enunciar otras formas de parentesco. Un avance del activismo lgbti, pero también un mojón para el establishment que sigue peleando por la (hétero) sexualidad de la madre patria.
Por Juan Pablo Sutherland
Años atrás en la algidez activista de la militancia marica local, nos preguntábamos si tendría algún sentido pelear alguna vez por el matrimonio o la unión civil en nuestros sueños emancipadores. Nosotros, que habíamos luchado contra la dictadura y luego en la mal llamada transición en Chile, peleábamos para derogar la penalización de la sodomía vigente hasta 1998, o detener en algo la persecución callejera a travestis, agresión cruenta que increíblemente todavía se mantiene. Eran tiempos de urgencia, pero la utopía andaba a la vuelta de la esquina. Más que soñar por la boda, la torta de novios o los besos orgullosos replicados en el espacio público, soñábamos metidos en la esperanza de un nuevo país, utopía marica que se mezclaba con un proyecto de país democrático y auténticamente real y posible. Los noventa fueron años que contenían la energía resignificada de las luchas anteriores y, en algún espacio, las activistas percibían que todo era posible, porque aquellos sueños se mezclaban con la insolencia para desbaratar el sentido común, generar nuevas formas de vivir la sexualidad, incluyendo acuerdos informales de cuidado de hijos comunitarios sin la solicitud de la legitimidad estatal, institucionalidad que muchos años después arrebató en nombre de la Justicia la tutela de las hijas a la jueza chilena Karen Atala. El matrimonio o la unión civil sonaban lejanos e inalcanzables en un país donde todavía no existía la ley de divorcio para los heterosexuales y el aborto terapéutico había sido penalizado en los últimos suspiros de la dictadura el año 1989. En ese tiempo algunos decían: para qué nos vamos a casar si no hay ley de divorcio, y la risa paródica militante emigraba a la política dura de pensar más en la liberación sexual que en el álbum familiar homosexual, construido para algunos como esperanza utópica o como final del camino glorioso. Desde ese tiempo hasta hoy, el escenario ha cambiado, los activistas se volvieron profesionales y las organizaciones lograron cada vez más influencia en los poderes institucionales. Cuestión necesaria y relevante para pensar nuevas proezas legislativas. Me doy esta vuelta necesaria e inicial para poner en contextos las luchas y los escenarios que dibujaron un país distinto, uno que de seguro ha conquistado parte de lo que esperábamos en esos momentos iniciales y delirantes. En ese camino de lucha de más de 25 años, el AUC (Acuerdo Unión Civil) aparece como uno de los logros significativos de los últimos tiempos. Pudiese serlo en la medida en que ha puesto en el espacio público la idea de reconstituir parentescos nuevos o castigados, aunque la estrategia haya sido también regular la convivencia heterosexual y así aminorar el impacto cultural de la demanda gay. Hay una pregunta o dimensión necesaria que en algún momento señaló Judith Butler: ¿el parentesco es de antemano heterosexual? Quizá la pregunta sostenga muchas de las tensiones que se deben despejar. En un camino crítico, el matrimonio o la unión civil ¿resuelven o absorben todas las demandas de las comunidades sexuales no heterosexuales como la panacea final? En ese sentido, se vuelve relevante pensar los efectos y sus logros, pero también sus señales equivocadas en el juego político. Es curioso discursivamente que en los momentos de mayor auge social o de crisis política en el Chile actual, los “temas valóricos” tomen la agenda de la institucionalidad estatal con una doble cara, se avanza en marcos jurídicos de respeto a las minorías y, por otra, toma cuerpo la mayor crisis de la clase política de las últimas décadas, crisis de legitimidad que la mayoría del país advierte. Es curioso pensar este correlato. Años atrás, bajo el gobierno de derecha de Piñera, mientras se firmaba en La Moneda con bombos y platillos el proyecto de ley de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), se producía una de las marchas más multitudinarias de los últimos años reclamando educación gratuita y fin al lucro. Resultaba paradójico, por decir algo, que mientras miles marchaban por Alameda, a pasos de ahí, se instaurara el gesto político de visibilidad y algarabía mediática por el AVP, decisión alabada por el presidente Piñera para cumplir con una promesa de campaña, que finalmente quedó para todos, como ya sabemos, en una excelente promesa electoral que no pudo cumplir en su gobierno. Hace algunas semanas, la presidenta de la república, en ceremonia en La Moneda, firmó finalmente la promulgación de la ley que regula las relaciones de convivencia tanto de las parejas del mismo sexo como heterosexuales. Ya se había aprobado el pasado 28 enero de este año por amplia mayoría en el Congreso. Sin duda un acto relevante y simbólico que se extrañaba por parte de la coalición que conduce Bachelet y que durante años las organizaciones del mundo de la diversidad sexual exigían. En ese escenario, hubo un gesto interesante en medio de la ceremonia, Bachelet señaló: “Nuestra Gabriela Mistral escribió una vez a su querida Doris Dana: ‘Hay que cuidar esto Doris, es una cosa delicada el amor’ y lo recuerdo hoy porque a través de esta ley lo que hacemos es reconocer desde el Estado el cuidado de las parejas y las familias y dar un soporte material y jurídico a esa vinculación nacida del amor”. De alguna manera, ese acto reparatorio frente a la negación de la vida de Mistral y su amor clandestino redimensiona la actuación del Estado en lo que fue también el ocultamiento o la censura que rodeó siempre a Mistral y el acoso insistente de la institucionalidad para convertirla en la Madre de la Nación, idea que señaló años atrás la investigadora Licia Fiol-Matta. Jaime Quezada, estudioso de la obra de Mistral y parte del ala conservadora de la crítica mistraliana en Chile, reaccionó con malestar ante la cita presidencial, su sentencia en el diario El Mercurio replicó: “... que la Presidenta haya sido tan tajante en citar, en un discurso de esta naturaleza, a Gabriela Mistral en una relación con Doris Dana, revela cierta ligereza emocional y de circunstancia, más que de un fundamento al marco legal del asunto”. No deja de ser curiosa la reacción del experto frente al discurso de la presidenta. El crítico continúa con un biografismo conservador que resulta a estas alturas arqueológico, revelación insistente en mantener el aura aséptica e inmaculada de una Gabriela propia y privada, representada para sí mismo, visión que comparte con la crítica más conservadora, la mayoría ejercida por hombres. Con ese gesto en medio del discurso oficial, se promulgaba la ley 20.830 Acuerdo Unión Civil (AUC), normativa ya publicada en el Diario Oficial y que comenzará a tener vigencia en seis meses más en Chile.
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