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La provincia de Santa Fe está engranando un plan para incluir contenidos de diversidad sexual en la formación de policías, en base a dos ejes: un seminario obligatorio para los 25 mil agentes en funciones y un programa de contenidos para el Instituto de formación. Así lo pautó esta semana la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe, a cargo de Esteban Paulón, con el Ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro.

En la reunión se pensaron estrategias con los Centros Territoriales de Denuncia (CTD), que son espacios no policiales en los que se pueden hacer denuncias sin tener que ir a la comisaría. “Esto logra por un lado ‘liberar’ de tareas administrativas a las y los agentes que están en las comisarías y, por otro, que las víctimas puedan denunciar en un lugar en el cual son recibidas por un equipo interdisciplinario, donde se dispensa un trato mejor capacitado. Los equipos de los Centros incluyen médicos forenses, por ejemplo”, dijo a SOY Paulón.

En los CTD habrá un protocolo para denuncias por casos de violencia y discriminación hacia la población LGBTI: “Fue planteada la creación de la figura de ‘Policía de Enlace’, que es una persona dentro del Ministerio, o un equipo a medida que crezca la demanda, que haga seguimiento específico de la temática LGBTI dentro de la fuerza policial. La idea es llegar en algún momento a que un o una agente policial LGBTI se haga cargo de este programa”. 

¿Cuál es el pilar del proyecto?

-La base debería ser orientada a evitar todo acto discriminatorio o vejatorio por parte de las y los agentes dentro y fuera de la fuerza, prevenir y combatir las prácticas y agresiones sexuales, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de las personas LGBTI y reconocer el derecho a la libre expresión, asociación y reunión de las personas LGBTI. 

¿Recordás episodios recientes en los que este programa podría haberse aplicado?

-Hay varios casos en los que las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia hacia el colectivo LGBTI, en especial hacia personas trans, muchas veces detenidas o demoradas sin motivos. Una vez en las comisarías fueron víctima de diversos actos vejatorios de su dignidad. También se reportaron casos en los que agentes policiales piden dinero o favores sexuales a trabajadoras sexuales trans en sus zonas de trabajo, a cambio de protección o para “no molestarlas”.   

¿Qué aporta este protocolo a los ya existentes?

-Sería fundamental para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la población LGBTI. Debemos contar con herramientas y procedimientos para denuncias, abordaje policial de la diversidad, tanto dentro como fuera de la fuerza, y mejorar el vínculo entre los colectivos, las comunidades y las y los agentes de las fuerzas de seguridad.

El año pasado hubo una experiencia similar en la provincia de Buenos Aires donde la funcionaria de derechos humanos, y activista trans, Daniela Castro, recorrió los penales bonaerenses dando capacitaciones in situ para 700 agentes. En esas prácticas notaron que los penitenciarios parecían desconocer los alcances de la ley de Identidad de Género. “Antes si la persona trans tenía sexo masculino era masculino y punto. Más allá de la apariencia física la biología decía al calabozo que iba a parar, sin discusiones. Hicimos un repaso en derechos humanos, las leyes que empoderan a la diversidad sexual, la buena convivencia y las necesidades específicas en salud y cuidados trans”, dijo entonces Castro.

El ministro Pullaro, al término del encuentro con Paulón, dio su opinión: “Creemos que desde la Seguridad se puede tener una mirada donde se puedan administrar este tipo de problemáticas, y también de resolverlas. Nos comprometimos a seguir trabajando conjuntamente. Hay Políticas en las cuales el Estado tiene que tener una mirada moderna, innovadora. Tiene que avanzar y este es el acuerdo tanto desde la Subsecretaria de la Diversidad como desde nuestro lugar”.