“¿No es cierto que estos señores te pegaban?”, le preguntó la mujer a Lucas. Y Lucas, paralizado por la situación, no pudo responder; se sentía muy nervioso y no le salían las palabras. En frente estaban sus padres, con los que había peleado toda la mañana porque ese no era precisamente uno de sus mejores días. La señora, aparentemente preocupada, le hablaba al chico en presencia de un policía al que fue a buscar tras denunciar una escena de maltratos. “Le gritaban al oído al nene y después lo reventaban contra el piso”, arguyó tomando el guante del control civil sobre la familia de padres gays. Uno de ellos, Julio Bambill, todavía impresionado por lo vivido entre el 5 y el 6 de marzo a partir de esta insólita intervención hecha en la esquina de Pampa y Alcorta, relata para Soy los detalles de la historia: “El sábado Lucas estaba empacado, le decías de jugar a la Play y te decía que no. No quería nada. Entonces la idea era salir un rato para que se distrajera. Fuimos a los bosques de Palermo, pero estaba enojado y nada de lo que le propusiéramos era viable. Empezó a patalear y a gritar, descontrolado. Le dije: Quedate quieto y lo agarré de acá (la patilla del pelo). Seguimos caminando, porque cada vez que caminaba se tranquilizaba, y de pronto se paró un patrullero y nos separó de él. El policía dijo: ‘Entiendo que ustedes tienen que educar al pibe, pero si están en la vía pública, tengo que intervenir. Esta gente dice que estaban maltratando al nene y los quieren linchar.” Ante la pregunta de si este es literalmente el verbo que el policía usó, Julio responde que sí. Linchar...

“Vinieron patrulleros, metieron al nene en uno y a nosotros en otro –cuenta Julio–. Nunca nos preguntaron si nuestro hijo tenía un problema, solamente cual era nuestro vínculo con él. Fuimos a una comisaría. No nos tomaron declaración. Vino una mina que declaró no sé qué y nosotros nos quedamos en un calabozo (nunca antes habíamos estado en uno). Le pregunté a un policía si podía fumar y dijo: No pueden hacer nada porque estamos detenidos. Ahí me enteré. En un momento vino un cana a hacernos firmar un papel sobre nuestros derechos y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que lo habían llevado al nene a hacer pericias y obviamente no tenía nada, ni colorado de un chirlo”.

Julio y su marido se casaron el año pasado. En el 2009, Julio había comenzado a tramitar la adopción que terminó de concretarse 6 años después. Cuando llegó el momento, ambos fueron citados (ya habían cambiado la postulación de la adopción que en principio era monoparental) y se les preguntó si aceptarían a un chico con una discapacidad mental. Quisieron saber de qué discapacidad se hablaba y la asistente les contó que el nene sufría de “trastorno posicionista desafiante”. “Le pregunté a mi psicólogo y me dijo que eso no era nada que no tenga un chico que estuvo judicializado –explica Julio–. En mi experiencia es esto: el chabón se empaca (risas). No está todo el tiempo así, si no a veces. Es un nene inteligente y cariñoso, pero pasó mucha carga densa en su vida: no solo lo apartan de su mamá sino que ella no volvió más a verlo, lo separaron de los hermanos y tuvo un par de vinculaciones fallidas”. La vida de Lucas está marcada por separaciones forzadas a las cuales este hecho, que se originó frente a los ojos de la vecina en uno de esos “empacamientos”, no vino más que a sembrar al drama histórico del chico su granito de arena. “Lo conocimos, nos encantó y él estaba desesperado por tener una familia. Lo llamábamos todos los días y lo íbamos a ver tres veces por semana; la asesora de menores nos había dicho que el punto de llevárnoslo era cuando él no quisiera volver más al hogar. Esto pasó en un mes. Empezó a venir los fines de semana y las primeras noches se despertaba a las cinco porque no podía dormir más. El sueño que tienen en un hogar es parecido a la situación de calle: con un ojo abierto porque viene otro pibe y te saca de la cama, tienen carencias y sufren privaciones”. Privaciones que Lucas volvió a experimentar la noche en que, alejado de sus padres, durmió nuevamente en una institución pública, el Hospital Pirovano, donde amaneció custodiado por un policía que al día siguiente, al ver entrar a Julio en la habitación, gritó: “Váyanse, el chico no los quiere ver”. ¿Qué hacía ahí ese policía que además actuaba de ese modo? No parece existir ningún argumento legal que lo justifique ni que justifique nada de lo acontecido durante ese fin de semana siniestro. “Todo el tiempo hablé con la asesora de menores y me decía que cómo era posible que no me preguntaran si el chico tiene algún problema. Cuando hablamos con el psicólogo de mi hijo, me dijo que le dé su teléfono a la asistente y que antes de tomar cualquier decisión lo llamaran, que había que frenar mecanismos institucionales. Fuimos a hablar con ella y en un momento mi hermana dijo: Yo creo que si fueran un matrimonio heterosexual, esto no habría pasado. La psicóloga y la asistente nos dijeron que tenían la misma sensación y nos contaron que tuvieron un nene violado y cagado a palos que tardaron un mes para llevárselo, mientras que a mi hijo en dos horas lo querían reinstitucionalizar”.

Julio y su marido salieron en libertad a la medianoche del sábado. Cuando se iban, por equivocación, un policía les dio un papel por el cual se anoticiaron de que se les levantaría una causa por maltratos que aún no parece haber sido registrada en ningún juzgado (probablemente, la denuncia era falaz y funcionó como parte del aleccionamiento). Una irregularidad más, como la que hizo que el juzgado de menores al que le corresponde ocuparse de Lucas, jamás fuera informado de lo que le pasó. Toda esta situación, erigida por fuera del marco legal, recién comenzó a destrabarse tras la denuncia a la página de Facebook “Campaña nacional contra la violencia institucional” y a la intervención de María Rachid, al frente de la Defensoría LGBT, quien se dirigió a la comisaría el sábado por la noche. “Cuando me llamaron, lo primero que hice fue llamar al Consejo de la niñez –explica Rachid–. Pensé que quizás había habido una situación de violencia y el consejo por prevención dictó una medida administrativa que puede generar la retención de un niño en el hospital. Pero hablé con el abogado de guardia y me dijo que no había medida administrativa ni orden judicial para actuar como actuaron. Ahora estamos pidiendo una reunión para que alguien nos dé una explicación. Si esto es un protocolo común es una barbaridad que haya una persona retenida -un niño en este caso- sin orden de nadie, más que por una cuestión de criterio personal. Si hay un protocolo de prevención hay que pedir que se modifique y que se lo aplique en los casos de violencia real donde sea necesario”.

No parece casual que suceda esto en este momento político…

–No lo es. La actitud de muchas personas en las instituciones cambió radicalmente. Además hay señales: que Bullrich se saque una foto con los gendarmes que acaban de balear a una murga de chicos y diga en el titular “estamos con vos”, es un mensaje potente para las instituciones. Y eso opera en lxs que están en la calle, trabajando con los grupos vulnerados. Se nota un cambio importante en este sentido. Este gobierno no va a ir para atrás con las leyes de matrimonio e identidad, pero hay dos cuestiones con las que va a ser terrible: una son los derechos donde se juegan intereses económicos (la fertilización y la parte de salud de la ley de identidad donde las empresas ya tienen otra respuesta, y no sabemos cómo va a actuar en relación a esto la Superintendencia de salud). Otra es la violencia institucional -lo estamos viendo- donde la comunidad lgbt es uno de los sectores que más rápido son afectados. Lo importante es tener la sociedad controlada para poder aplicar su política económica.