Se respira en Brasil un retroceso general en términos de Derechos Humanos. Y para poder entender todo lo que hemos retrocedido en los últimos días hay que remontarnos al pasado. En la década del noventa Brasil adhirió a la Convención Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993). Ahí los países participantes firmaron un compromiso de crear organismos específicos para estos temas. En Brasil el gobierno de Fernando Henrique Cardoso creó la Secretaría de DDHH, que funcionaba dentro del Ministerio de Justicia. Luego, Lula la transformó en la Secretaría de DDHH de Presidencia. ¿Por qué esto es mejor? Porque saca a los DDHH del ámbito particular del Ministerio de Justicia con la idea de darle una función transversal. Se aspiraba así a que la perspectiva de los DDHH atraviese todos los ministerios y áreas de gobierno. A partir de eso comienza un Plan Nacional de DDHH con lo que nosotros llamamos “conferencias”, que son consultas públicas nacionales sobre cada tema de las que participaron miles de personas y organizaciones sociales del país. De estas consultas nace, por ejemplo, un plan muy importante que fue “Brasil sin homofobia” y muchas otras políticas específicas para ampliar los derechos lgbti. Más adelante, el gobierno de Dilma ya no tuvo una impronta tan fuerte en este tema como el de Lula pero hubo cierta continuidad en las políticas. Lo que hizo Dilma fue crear un Ministerio de DDHH, de la Igualdad Racial y de las Mujeres. Es decir el tema sale del área de Presidencia para tener un Ministerio propio. ¿Esto es mejor o peor? Es un debate. Hay gente que dice que es peor porque le quita transversalidad (o sea, le quita peso a la idea de los DDHH como un paradigma desde donde construir todas las políticas públicas del país). Otros dicen que tener un Ministerio propio les da a los DDHH mayor fuerza política. Pero la verdad es que no hubo tiempo para evaluarlo porque esto fue a fines del año pasado. A partir de este golpe blando, el gobierno interino directamente ha destruido el Ministerio de DDHH para volver a reducirlo a una Secretaría de DDHH dentro del Ministerio de Justicia. Para que se entienda el nivel de retroceso que significa esto: es como si estos últimos doce años no hubiesen ocurrido, es volver al principio. Solo para tener una idea: una de las primeras declaraciones del nuevo Ministro de Justicia ha sido “No hay ningún derecho que no pueda ser cuestionado”. Así, textual.

¿Qué posibilidad de desarrollo pueden tener las políticas lgbti en un contexto de estas características? Si al gobierno de Dilma ya se le cuestionaba que no había podido avanzar mucho más en el tema por sus peleas internas con las propias fuerzas conservadoras que componían la coalición, imaginen cómo va a ser con este nuevo gobierno interino que encarna en sí mismo los sectores más conservadores y retrógrados de la sociedad brasileña. Integran este gobierno muchas de las personas más homofóbicas de la política de Brasil. Hay una controversia: los sectores lgbti de derecha están contentos porque el nuevo Ministro de Cultura es el primer ministro abiertamente gay de mi país. Pero no creo que esto sea más que un dato anecdótico. Para ilustrar la situación, un ejemplo concreto: una de las últimas acciones de Dilma antes de que la destituyeran fue un decreto que le permitía a las personas trans usar su nombre “social” en los servicios públicos, espacios administrativos, etc., ya que en Brasil no existe una ley de Identidad de Género. Seguro que una ley es mejor, pero este decreto era un paliativo. Una de las primeras acciones de un sector de los diputados que apoyan a este gobierno interino ha sido presentar un proyecto para dar marcha atrás con ese decreto de Dilma. Mi país es tristemente célebre por su elevado índice de crímenes de odio. No tengo dudas de que este clima lo que hace es “avalar” todavía más la homofobia y la transfobia. Los números de los crímenes de odio ya son hoy apabullantes y la tendencia es que aumenten.l

* Activista independiente de Brasilia - Magister en Derechos Humanos y Democracia en América Latina (USAM)