Por estos días se cumplen dos aniversarios que generan sentimientos enfrentados. Dos hitos opuestos y a la vez irónicamente enlazados: el 17 de septiembre se cumple un año de la aprobación de la ley de cupo trans de la provincia de Buenos Aires, que establece que en toda la administración pública provincial tiene que haber un piso de, por lo menos, el uno por ciento de personas T que reúnan condiciones de idoneidad para ocupar un cargo. Unos días después, el 13 de octubre, se cumplirá un año del asesinato de la persona que más peleó por esta ley. Diana Sacayán pudo verla aprobada pero a pesar de la potencia de ese cuerpo que parecía indestructible no pudo escapar de la muerte temprana, destino aparentemente obligatorio para las vidas travestis.

Como emblema de la militancia popular y trans, Diana fue una de las dirigentes más importantes del país, reconocida a nivel internacional, con una extensísima trayectoria pateando todos los rincones del Conurbano bonaerense y promoviendo leyes que transformaron la vida de todxs. Trabajaba en el INADI, era cronista de este suplemento, había recibido de manos de la ex presidenta Cristina Kirchner un DNI con el nombre en el que se reconocía y también distinciones por sus luchas desde el colectivo Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Acababa de ganar la última batalla por lo que consideraba una deuda social fundamental y urgente con el colectivo: el travajo. El 13 de octubre, mientras en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata la esperaban aparecer con su bandera, el cuerpo Diana fue encontrado, sin vida y con los signos de la saña que suele ir de la mano de los crímenes de odio, en el departamento de Flores donde vivía.

¿Y el cupo dónde está?

A un año de su aprobación, la ley de cupo no ha sido reglamentada. En marzo las mismas organizaciones que pensaron e impulsaron la ley (el MAL, Conurbanos Por La Diversidad, Abogados por los derechos sexuales y Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual) lanzaron una campaña para hacerla efectiva y para que los gobiernos municipales adhieran. La campaña tuvo cuatro patas: un pedido de informes a la gobernadora, la difusión del tema en las redes, la presentación de proyectos de adhesión a la Ley en municipios y una oleada de personas trans que se presentaron en las distintas reparticiones con CV en mano. “Que se cumpla la ley de cupo es también hacer justicia por Diana –dice su hermano Saya Sacayán, coordinador de MAL–. A esta ley Diana la viene pensando hace años, insistiendo con su papelito en mano y con su cuerpo. Y por fin en los últimos años alguien le había dado bola con esto: la legisladora Karina Nazabal. A esta ley le dedicó todo. Ella muere producto de un travesticidio y esta ley apunta a modificar la calidad de vida de las personas trans. Es hacer justicia por Diana que la ley lleve su nombre y se aplique”.

Después de una jornada nacional que reunió en agosto a más de cien personas en la Cámara de Diputados bonaerense para discutir cómo hacer efectiva la ley, el único avance concreto desde entonces ha sido una promesa: el secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón ha dado su palabra de que la reglamentación y la implementación llegarán pronto. Por estos días se espera una nueva reunión con el gobierno. Dice Darío Arias (Conurbanos por la Diversidad) que “debe ser una implementación a la altura del espíritu de la ley. Les presentamos propuestas: que se tuvieran en cuenta las situaciones de las personas trans que no tienen estudios completos y que tienen procesos judiciales abiertos, que se ponga en marcha un consejo asesor para que las organizaciones podamos monitorear el cumplimiento, y además, tutorías para aquellxs que ingresen a trabajar. Si finalmente no se avanza con la reglamentación, nos quedan otros recursos: amparos, intervenciones públicas y marchas a la sede del gobierno provincial y seguir apelando a organismos internacionales de DDHH”.

Ley modelo

El cupo trans bonaerense se volvió fuente de inspiración para proyectos similares en todo el país. Si bien sólo se ha logrado algo similar en Rosario, lo que la Ley Sacayán simboliza (y ratifica) se ha convertido en un ítem ineludible en las agendas de la diversidad de todas las provincias. Aun así, en lo concreto, no ha habido nuevas personas incorporadas a la administración pública provincial este año en respuesta al cupo. Quienes lo han logrado se lo deben al empuje de las organizaciones. E incluso algunas de las personas trans que ya tenían cargos en el Estado han pasado al bando de los desempleados. Un ejemplo es Valentina Pereyra, quien quedó desvinculada de la municipalidad de La Plata junto a otras quince personas en enero, cuando cerró el Centro Integral para la Mujer Víctima de Violencia. Son muchxs también quienes permanecen en amarga espera, como Penélope Gutiérrez, una travesti de 56, de Pontevedra, Merlo: “¿Mi situación laboral? Crisis total. Toda la vida cuidé a los viejitos de mi familia. Y este año ya no queda ninguno. Estoy cobrando algo de un alquiler, pero ni plata para hacer la sucesión tengo. Tengo una gran trayectoria en militancia por los derechos humanos desde los ochenta, estuve en la Primera Marcha del Orgullo y participé de sucesos que ya son prehistoria. Por eso el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, me prometió que si asumía habría un trabajo para mí. Por ahora, espero. Viviendo en el tercer cordón del conurbano, con la edad que tengo, se diría que soy una sobreviviente, que espera tener algún aporte en blanco antes de los 65.”

Alertas

La sensación de que, aun con una ley de cupo aprobada, para muchxs el acceso a un empleo digno todavía está fuera del horizonte se presenta, además, en un contexto alarmante en muchos sentidos. La violencia ejercida por el Estado en las calles de la provincia recrudece día a día y se combina con un retroceso de las políticas públicas vinculadas con género y diversidad, que a veces se traduce en una eliminación directa y otras, en una desfinanciación por goteo. La mano represora del Estado aparece en forma de razzias brutales y detenciones arbitrarias, como las que vienen denunciando las travestis en la zona roja de La Plata, y otras formas de hostigamiento –también por parte del Estado– como las que sufrió Ivana Gutiérrez este año. Ivana trabajaba en el Subsecretaría de Empleo y Economía Social del Municipio de Morón desde 2014. Cuando la nueva gestión llegó despidió a seis de las ocho personas que trabajaban en su área, Recursos Humanos. Sobrevivieron Ivana y una compañera pero fueron desplazadas de sus tareas y no se les asignaron nuevas: “La gente que ingresó a trabajar empezó a hablar de mí con comentarios como ‘¿lo viste al puto ese?’. Yo nunca había tenido una situación así ahí. El 1 de abril, llego y en mi escritorio encuentro un cartel que decía ‘Macho arrepentido ahora te toca a vos’. Logré hablar con el Secretario General de la Subsecretaría, Fernando Banchero (su cara después se hizo algo conocida por los videos en los que se lo ve despidiendo gente aclarándo que ES por ideología política). Le muestro el cartel y me contesta ‘¿qué carajo me importa?’. Textual. Desde ahí sigue una escalada de violencia. Una persona incorporada por esta nueva gestión, no sé si como matón o qué, llegó a pegarme una piña en el pecho. Fue demasiado y renuncié.”

Justicia, te esperamos

En la investigación por el crimen de Diana Sacayán hay un dato pionero: por primera vez la figura de feminicidio es aplicada para encuadrar el asesinato de una mujer trans. Hay varias pruebas en contra de los dos procesados (entre otras, filmaciones que los muestran en el edificio donde vivía Diana) y se espera que la elevación a juicio oral se produzca antes de fin de año. Mientras tanto, la batalla sigue siendo que el asesinato sea entendido como travesticidio. Esa palabra no figura en legislaciones nacionales pero se apunta a instalarla como concepto político. Así lo explica el hermano de Diana, Saya: “Queremos que se entienda como trasvesticidio por el efecto que tiene nombrarlo así. Hay un contexto que lleva a que las travestis mueran de determinadas formas: la travesti en situación de prostitución, la travesti y la exclusión de la familia, de la escuela, de la sociedad. Que se cumpla efectivamente la Ley de Cupo para generar acceso al trabajo digno tiene que ver con esto, es una cuestión de vida o muerte. El promedio de vida de las travestis es de 35 años. Si esto le sucedió a Diana que tenía todas las herramientas para romper esa estadística, imaginen lo difícil que es romperla para las demás. Mi hermana no pudo burlar ese porcentaje trágico: tenía 39 años cuando la mataron.”

A 1 año de la ley Diana Sacayán. Conurbanos por la Diversidad y Nuevo Encuentro invitan este sábado a las 18.30 a la proyección del documental Tacos altos en el barro y a debatir sobre los avances y desafíos de la inclusión laboral travesti y trans. En Curutchet 2414, Castelar.