Era noviembre de 2013. Celeste estaba en su casa cuando irrumpió la policía y acusándola de una supuesta contravención (“desorden en la vía pública”), se la llevaron presa. En el caso de que esta suerte de infracción hubiese existido, le habría alcanzado con pagar 20 pesos para quedar liberada. Pero no. Le ocultaron esta información como también otra que Celeste también desconocía, el derecho a llamar a un abogado. Durante los días de cárcel, los siete policías ahora imputados la violaron (lo mismo hicieron sus compañeros de celda) y para completar el cuadro de violencia, la obligaron a fregar los pisos de esa seccional, la IV de San Miguel de Tucumán. Cuando logró escapar lo hizo vestida de varón, porque su ropa, que era la prueba misma de los delitos sexuales, había sido desaparecida. Con la libertad recuperada, Celeste se dirigió urgentemente al centro de salud donde los médicos que la atendieron testificaron los abusos. No hace falta aclarar que ella es una víctima más de un cuerpo policial que se mueve con impunidad, porque según el laizquierdadiario.com, el Código Contravencional que rige en Tucumán, viene de la dictadura y sigue vigente pese a su inconstitucionalidad. “Otorgándole el poder de ‘juez y parte’ a la Policía –explica este portal–, funciona como una herramienta para el control de los barrios pobres, hostigar a la juventud, y como una ‘caja chica’ de ingreso de dinero. Se estima que en un mes son detenidas 500 personas. La mayoría jóvenes, los motivos son arbitrarios”. De hecho, cuando el oficial José Luis Sánchez, uno de los implicados, fue indagado por la detención ilegal, respondió que ésta había sido “por nada en particular”. El 4 de octubre se abrió el juicio oral y público. El Tribunal que lleva adelante el caso está compuesto por Fabián Fradejas (quien le pidió a Celeste que se vistiera “con decoro”), Dante Ibañez y Néstor Rafael Macoritto, es decir, los mismos jueces del caso Belén (condenada por aborto). Cuando Celeste compartió la noticia de la apertura del juicio en el Centro Educativo Trans Puertas Abiertas, al que asiste, sus compañeras impulsaron la creación de una Mesa de Justicia en su defensa, a la que ya se sumaron varias organizaciones. Esta alianza fue la responsable de la marcha del pasado 19 en la capital norteña. “Se leyeron los alegatos e hicimos una movilización hasta Tribunales –cuenta la activista Ruth Isa, integrante de Justicia para Celeste–, pero esta presión afectó el ánimo de los policías implicados, porque el jueves tuvimos un problema en el Centro educativo: un individuo se acercó a averiguar si Celeste tenía custodio permanente, que sí lo tiene, puesto por la misma policía, porque su integridad física corre peligro. En ese momento, pasó por la puerta uno de los imputados, José Luis Décima. A esa misma hora un auto polarizado pasó varias veces por la puerta de la casa de los familiares de Celeste”. En la página de Facebook “Justicia para Celeste” se detallan los pormenores del caso y allí mismo puede leerse el petitorio en el que las activistas tucumanas exigen al Estado que no se desligue de la víctima y se la repare económicamente, que durante el juicio se obligue a respetar su identidad de género (fue tratada como varón por algunos abogados) y que se evite justificar en las particularidades de su vida y costumbres, las causas de los tratos recibidos.