A LA VISTA
La diversidad sexual ya tiene ley propia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
Por unanimidad. Así fue aprobada esta semana en la Legislatura porteña la norma que crea el Plan de Políticas de Derechos y Diversidad Sexual, una ley que promete el desarrollo de políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la ciudad de Buenos Aires, y garantizar el pleno acceso a los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans. Así, entre otras acciones, se contempla realizar “campañas de difusión antidiscriminatorias” —en especial entre los trabajadores del gobierno porteño— y diseñar una política oficial de medios de comunicación vinculada con la materia; prestar “servicios de orientación para la población en general” y poner en marcha un plan piloto para “capacitar y sensibilizar” a personal de escuelas y hospitales, además de crear mejores condiciones para la accesibilidad de personas LGBT (en especial, travestis y transgéneros) a planes de formación y empleo. Este proyecto, que fue presentado por los diputados Juan Cabandié y Gonzalo Ruanova, a partir de una propuesta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, contó con apoyo del Inadi y de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
“Por primera vez rige en la ciudad una ley de estas características —dice Juan Cabandié—; Buenos Aires expresaba una gran contradicción al autopromocionarse como ciudad ‘gay friendly’, por una cuestión comercial que tiene que ver, sobre todo, con el turismo, cuando en realidad no contaba con un plan de políticas públicas que hiciera honor a esa fama de ciudad inclusiva. Con esta ley, se abre un nuevo horizonte a partir del cual el gobierno de la ciudad y las asociaciones civiles deberán trabajar mancomunadamente.”
De eso también está convencida María Rachid, presidenta de la Federación FLGBT, quien dice ya estar peleando por que los proyectos más urgentes formen parte del presupuesto 2009. “Entre las iniciativas más inmediatas está priorizar a la comunidad trans en lo que se refiere al acceso de derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo. Planeamos incentivar la reescolarización de chicas trans que todavía estén en edad de volver a la escuela (y hacer de la escuela un marco de contención para ellas), y en el caso de las más grandes, destinar subsidios para que completen sus estudios secundarios y, de ese modo, puedan capacitarse en algún oficio. Ya que en la mayoría de los casos, se trata de chicas que fueron expulsadas de su familia siendo apenas adolescentes, se busca generar así espacios de contención y ver qué rol puede jugar la escuela. Y también de generar una conciencia colectiva que acepte las diferencias sin prejuicios ni recelos.”
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